La desaparición de una persona representa un desafío en Ecuador. El pasado 8 de diciembre de 2024 Ismael, Josué, Saúl, y Steven salieron a jugar un partido de fútbol y no regresaron a sus casas. 16 militares son investigados por la desaparición de los cuatro menores en Guayaquil.
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Este fenómeno abarca causas que incluyen accidentes, crímenes y decisiones voluntarias. En respuesta, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha diseñado un protocolo para garantizar investigaciones exhaustivas, rápidas y basadas en evidencia científica.
Este protocolo asegura que los derechos de las víctimas y sus familiares sean respetados y busca prevenir la impunidad mediante un enfoque que integra herramientas tecnológicas, capacitación y cooperación interinstitucional.
Notificación y clasificación de casos de personas desaparecidas
La investigación comienza con la notificación formal de una desaparición, registrada en el Sistema de Personas Desaparecidas (SPD). Este sistema centraliza información sobre la víctima, los posibles involucrados y la geografía del caso.
En esta etapa inicial, el SATD activa las alertas necesarias y clasifica los casos según la naturaleza probable de la desaparición: voluntaria o involuntaria. Esta clasificación se basa en factores como la edad, el género y el perfil social de la persona desaparecida.
Además, los familiares de la persona desaparecida tienen la obligación de mantener actualizada la información del caso, lo que ayuda a cerrar o avanzar en las investigaciones.
La ruta crítica de las primeras 48 horas
El protocolo considera que las primeras 48 horas son cruciales para el éxito de la investigación. Durante este periodo, se ejecutan diligencias preliminares, como:
- Verificación de grabaciones del sistema ECU-911 y cámaras de seguridad.
- Monitoreo de redes sociales y revisión de movimientos recientes.
- Contacto con familiares y testigos para recabar información clave.
- Búsqueda en lugares frecuentados por la víctima.
- Perfiles victimológicos y análisis del entorno social.
Si la persona es localizada con vida, se realizan valoraciones médicas, psicológicas y sociales. En caso contrario, se procede a un examen postmortem riguroso, incluyendo autopsias y estudios genéticos, todo bajo estrictos protocolos de cadena de custodia.
Uso de tecnologías avanzadas
La investigación también se apoya en herramientas tecnológicas para el análisis de datos y evidencias.
Entre las técnicas utilizadas se encuentran el rastreo de llamadas telefónicas, el análisis de redes sociales y el cotejo de información financiera. También se emplean pericias forenses, como pruebas de luminol, estudios grafotécnicos y extracción de ADN.
Los datos recopilados son almacenados en bases de datos centralizadas, lo que permite su consulta y comparación con otros casos nacionales e internacionales.
Coordinación interinstitucional
La cooperación entre diferentes entidades es fundamental. La Unidad de Personas Desaparecidas coordina las acciones entre fiscales, Policía Nacional y personal forense.
Esta unidad también actúa como enlace con los familiares, asegurándoles información constante sobre el estado de la investigación.
En casos de alcance internacional, se recurre a la Asistencia Penal Internacional para cotejar huellas dactilares o realizar pericias genéticas relacionadas con el caso.
Registro de datos antemortem y postmortem
Un elemento esencial en las investigaciones es la recopilación de datos antemortem y postmortem.
La ficha antemortem incluye información proporcionada por familiares y testigos sobre las características biológicas y sociales de la persona desaparecida.
Estos datos se comparan posteriormente con los hallazgos obtenidos en las investigaciones, como prendas, efectos personales o pruebas biológicas. La ficha también puede servir como documento de prueba en procesos judiciales.
Procedimientos forenses especializados
Las pericias forenses son una herramienta clave para establecer la identidad de las personas desaparecidas. Entre estas se encuentran las pruebas genéticas, el cotejo de huellas dactilares y los estudios odontológicos.
La utilización de luminol para detectar rastros biológicos y la extracción de ADN de restos óseos también son fundamentales en casos donde los cuerpos no son identificables de manera convencional. Estos procedimientos se llevan a cabo bajo estrictos protocolos de cadena de custodia.
Pericias medicolegales y su importancia
Dentro del proceso investigativo, las pericias medicolegales desempeñan un papel crucial. Estas incluyen la realización de autopsias, valoraciones psicológicas y ginecológicas, así como el análisis toxicológico.
Estos exámenes no solo aportan información sobre la causa de la desaparición, sino también permiten determinar posibles hechos delictivos.
El levantamiento de indicios, como fluidos biológicos, restos óseos o huellas dactilares, se realiza bajo estrictas normas de bioseguridad y cadena de custodia.
Además, se documenta cada paso del proceso para garantizar la validez de los resultados ante instancias judiciales.
Búsqueda en áreas de alto riesgo
Otra etapa del protocolo involucra la búsqueda en lugares de alto riesgo o áreas remotas donde se sospecha que pudo haber ocurrido un hecho relevante.
Estas zonas incluyen bosques, cuerpos de agua y terrenos alejados de la urbanización.
Los equipos de búsqueda trabajan en conjunto con agentes de criminalística y personal forense, utilizando tecnologías como drones y sensores de movimiento para optimizar los esfuerzos.
Investigación continua
Tras las primeras 48 horas, si no se ha localizado a la persona, la investigación avanza a una fase continua que incluye nuevas diligencias:
- Pericias forenses avanzadas, como pruebas de luminol, grafotécnicas y análisis de ADN en restos óseos o biológicos.
- Entrevistas a familiares, amigos y testigos.
- Reconocimientos en lugares asociados con la desaparición.
- Pericias tecnológicas, como rastreo de llamadas, análisis de redes sociales y estudios financieros.
- Difusión de alertas nacionales e internacionales a través de organismos como Interpol.
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