Procesada en caso Petroecuador busca arresto domiciliario por enfermedad catastrófica
En la Corte Provincial de Justicia, en el centro de Guayaquil, se realizó el pedido de hábeas corpus para Carolina Astudillo. Ella es una de las procesadas por el presunto delito de lavado de activos, el cual estaría relacionado con casos de corrupción en Petroecuador.
La diligencia se cumplió en la sala de audiencias 107, en la Sala única Especializada Penal, la tarde de este miércoles 16 de agosto del 2017. El abogado Carlos Luis Sánchez aseguró que se admitido la primera parte del recurso de hábeas corpus porque su defendida padece cáncer a la piel y metástasis.
Explicó que con ello se dispuso abrir la causa a prueba en un término de ocho días dentro de los cuales se practicará la valoración médica y en consecuencia de ello se tomará una determinación. El objetivo, dijo, es pedir que se determine arresto domiciliario a la mujer de 57 años.
“En ocho días se reinstala la audiencia y el tribunal con mérito de las pruebas actuadas tendrá que responder. Aspiro a que con la demostración de su condición de salud corresponda sin lugar a dudas –porque lo ordena la Ley- el arresto domiciliario”, anotó Sánchez.
El abogado aseguró que el Juez de Garantías Penales de Samborondón no ha atendido el pedido de valoración médica desde hace cuatro meses. “Se le ha demostrado con certificados médicos, con valoraciones clínicas, tiene cáncer y ni eso ha provocado que se permita hacer algo de justicia en esta causa”.
Astudillo era la asistente personal de Carlos Pareja Cordero y fue detenida por presunto lavado de activos, en el operativo ‘Navidad’ ejecutado el 25 de diciembre del 2016. Está con prisión preventiva, además se le incautó los bienes, cuentas y empresas que administraba.
Sánchez indicó que dentro del proceso penal que se le sigue a su defendida está previsto un llamamiento a juicio, pero aún no hay fecha.
Ella fue aprehendida en un domicilio en el centro de Guayaquil. Ese día el fiscal Wilson Álvarez aseguró que la mujer figuraba como representante de dos compañías que manejaban unos USD 6 millones.
En la operación se efectuaron los ocho allanamientos: tres en Guayaquil y cinco en la vía a Samborondón.
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