28 de September de 2010 00:00

En las principales vías hay un exceso del 200% de buses interprovinciales

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Redacción Judicial

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El bus tiene capacidad para transportar 40 personas, pero solo lleva siete. Es jueves y a las 08:30 el vehículo, con disco número seis, sale a Latacunga desde el control de Guamaní, en el sur de Quito. No es la única unidad en esa ruta.A la misma hora salen cuatro buses más que van a Ambato, Pelileo, Riobamba y Baños y todos pasan por Latacunga, casi sin pasajeros. Luis Tapia es presidente de la Unidad de Cooperativas de Cotopaxi e indica que este problema se presenta desde hace 10 años, “cuando las entonces autoridades del Consejo Nacional de Tránsito entregaron frecuencias en todo el país, pero sin estudios”.

Los buses esperan cinco minutos, recogen apenas siete u ocho viajeros y salen uno tras otro. Wiliam B. es chofer de un automotor que viaja a Riobamba; trabaja ocho años en esa ruta y cuenta que las complicaciones son de siempre. “Usted ve que no hay gente y en las vías vamos peleando por uno o dos pasajeros. Creo que tienen razón cuando dicen que esta es una causa para los accidentes de tránsito”.

Una denuncia que sobre el tráfico de frecuencias reposa desde el 31 de marzo de este año en la Fiscalía General del Estado revela que, hasta el 2006, en el país existían 142 000 frecuencias para 3 061 rutas de buses.

Estas cifras –se indica en el documento- revelan un 200% de exceso de buses en las principales rutas. Para el 2006, en la vía Quito-Tulcán, por ejemplo, se requerían 1 200 asientos, pero existían 3 600. “Probablemente para el 2010 la sobreoferta se incrementó”, se indica en la acusación presentada por Justicia Vial.

Iván Rodríguez, dirigente de los transportistas interprovinciales del Carchi, reconoce que anteriormente sí ocurría eso, pero que, tras un proceso de regularización en la Comisión Nacional de Tránsito (CNT), ahora los buses salen cada 10 minutos.

No obstante, admite que hay inconvenientes al llegar a Ibarra. Desde allí, compiten con las cooperativas de esa ciudad y más adelante con las de Otavalo, que salen a la misma hora hacia Quito.

Orlando M., otro chofer que busca pasajeros para Ambato, se queja por la falta de usuarios. “Lo que ahora sentimos es una secuela de hace muchos años, cuando se aumentó el número de cooperativas y de cupos sin bases. Esto lo hicieron aunque nosotros alertamos a los dirigentes”.

El incremento de unidades se registra pese a que desde el 16 de mayo del 2000 existe una prohibición para aquello. En el documento que reposa en la Fiscalía General se detallan 16 casos que develan un aumento.

Por ejemplo, hace tres años se autorizaron seis cupos más para el valle de Los Chillos. Al 2005, una cooperativa de Bolívar logró que el número de buses interprovinciales pasara de 18 a 39 y consiguió una frecuencia más. En Zamora Chinchipe una cooperativa también logró que en el 2007 se alarguen las rutas y aumenten las frecuencias para sus unidades.

Ramiro Román, vocal de la Federación de Transportistas Interprovinciales (Fenacotip), advierte que cumplen la disposición del CNT. “Este organismo emite los permisos, no nosotros”.

El director de la Comisión Nacional de Tránsito, Ricardo Antón, se queja y reconoce que se han extendido más cupos, pero, la mayoría, con base en acciones judiciales. “Lastimosamente, como es costumbre en nuestro país, una disposición judicial lo permite todo”. Aunque también admite casos en donde el aumento “se basó en análisis técnicos”.

Para frenar estos inconvenientes, en la Ley de Tránsito aprobada en el 2008 se determina la elaboración de un plan nacional de rutas y frecuencias. En la normativa se señala que la Comisión Nacional de Tránsito tiene dos años para esta tarea. El plazo feneció el 7 de agosto pasado y no se ejecutó la tarea. Antón sostiene que el tiempo establecido para aquello es corto, pero que está avanzado en un 70%. Calcula que hasta finales de diciembre se tendrá todo listo.

La idea es que, a esa fecha, todas las frecuencias pasen a manos del Estado, como lo establece la Ley de Tránsito y que sea él quien comercialice las frecuencias. Hasta ahora, aquello no se realizó y los dueños de los buses podían vender las unidades y el puesto. En la denuncia de Justicia Vial, se reseña que los socios de las cooperativas venden los cupos de taxis en USD 15 000, los de buses urbanos en USD 25 000 y los de interprovinciales en USD 35 000.

El director de Justicia Vial, Guillermo Abad, sostiene que aquello es ilegal, “porque solo el Estado es dueño de las frecuencias y no los propietarios de las unidades de transporte”. Calcula que en los últimos cinco años “en nombre del Estado se comercializaron USD 400 millones”.

El 80% de la ley será reformado

El informe para segundo debate, del proyecto de reformas a la Ley de Tránsito, fue entregado por la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea, encargada de elaborar el nuevo cuerpo legal.

Los integrantes de dicha mesa analizaron 240 artículos, que fueron modificados en un 80% con respecto a la Ley anterior.

Saruka Rodríguez, presidenta de esa Comisión, dijo que “se introducen normas que garantizan los derechos de los adultos mayores y personas con

discapacidad, de los niños y niñas, para brindarles protección y la aplicación de sus derechos”.

La reforma también plantea que las autoridades regionales, metropolitanas o municipales, que hayan asumido las competencias establecidas en la Constitución, controlarán el tránsito y la seguridad vial en el país.

Eso quiere decir que, dichas dependencias, se encargarán de la planificación operativa.

También señala que la licencia de conducir tendrá una vigencia de cinco años y 30 puntos. Si un conductor pierde todo el puntaje, tendrá que seguir un curso en las escuelas autorizadas y el documento será suspendido por 30 días. El presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, todavía no fija la fecha para el segundo debate.

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