El viernes pasado, la ANT presentó a la ciudadanía el proyecto de transporte seguro en el parque Itchimbía, en el centro de Quito. Foto: Patricio Terán/ EL COMERCIO.
La página web está inhabilitada. Y en febrero del 2013 fue la última vez que la gente interactuó en las cuentas de Twitter que se crearon para la campaña ‘Párale el carro’.
Este programa se inició en el 2012. La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) asegura que todavía está presente y que “se trata de una campaña permanente” que se reproduce a escala nacional.
La mano amarilla, imagen de la campaña, se difundía en la televisión, en redes sociales y el mensaje se escuchaba en la radio. Eso sucedió en el primer año, en el cual se invirtieron USD 5 millones. Intentaba concienciar a la población del peligro de conducir bajo los efectos del alcohol, rebasar los límites de velocidad y no respetar al peatón. Ahora, la campaña se limita a repartir folletos en buses y a los conductores en las vías. La semana pasada, los funcionarios estuvieron en Quevedo.
¿Han funcionado las campañas para reducir accidentes? La ANT asegura que sí. Pero sus propios datos dicen que entre agosto del 2014 y agosto del 2015 en el país hubo un incremento del 2% en el número de siniestros, 22% en fallecidos y 4% en lesionados. Lo primero que dijeron las autoridades es que se “reforzarán las campañas de educación vial”.
Este Diario consultó a la Agencia sobre esas cifras y por escrito respondió que las campañas son eficaces y que, en general, en el primer semestre de este año hubo una reducción de percances en un 12%. Esto en comparación con el mismo período del año pasado.
Pero no todo se debe a las campañas. Así lo reconoció Lorena Bravo, directora la de la ANT, durante una exposición sobre seguridad vial en el Tercer Encuentro de Seguridad Integral, desarrollado la semana pasada, en Quito.
La funcionaria aseguró que los 74 fotomultadores instalados a escala nacional ayudaron a reducir los accidentes, el número de heridos y fallecidos.
Pero no solo la ANT tiene campañas. También trabajan la Policía, los ministerios de Transporte y Educación, los municipios, las escuelas de conducción y fundaciones.
Cada quien opera por su cuenta, pese a que la Ley de Tránsito dice que la ANT “articulará” todas las tareas.
Una de estas campañas se realizó en Quito, en noviembre del 2014 y estuvo a cargo de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Los mensajes se difundieron en televisión.
De allí que en los últimos tres meses del 2014, solo en Quito hubo una reducción del 50% de las muertes en accidentes. Pero esta institución reconoció que ese descenso fue el resultado de un mayor control de los agentes y de los operativos.
La Policía, en cambio, hace trabajos en el lugar. Por ejemplo, en Tambillo (cantón Mejía) realiza trabajos con los peatones, pide utilizar el puente y no cruzar por la Panamericana.
Según la Policía, en ese punto es constante que ocurran arrollamientos y choques.
Soraya Herrera, presidenta del Centro de Apoyo a Víctimas de Accidentes de Tránsito, asegura que “las campañas pierden peso si no se acompañan de educación y control”.
Es más, en la reforma a la Ley de Tránsito, de diciembre del 2014, se aprobó que “es obligación del Estado garantizar el derecho de las personas a ser educadas y capacitadas en materia de tránsito y seguridad vial, en su propia lengua y ámbito cultural”.
Pero en cuatro colegios que este Diario tomó aleatoriamente, en Quito, las charlas viales todavía no comenzaban en el nuevo año escolar.
Mientras eso sucede, la respuesta a los siniestros ha sido por la vía punitiva. Por ejemplo, esta semana entra en vigencia dos reformas al Código Penal.
La primera implica aumentar la prisión hasta 45 días para los choferes que provoquen accidentes y conduzcan en estado etílico. Y la segunda medida es una prohibición de que los involucrados concilien en caso de que existan heridos graves.
En contexto
Según estadísticas de la Agencia Nacional de Tránsito, entre enero y agosto de este año, a escala nacional se han reportado 23 345 siniestros viales. En ese mismo periodo murieron
1 418 personas. La mayor cantidad de víctimas está en Pichincha y Guayas.