El 29 de octubre pasado, las Fuerzas Armadas recordaron el día del paracaidismo en la Brigada Patria de Latacunga. Foto: EL COMERCIO.
En las Fuerzas Armadas hay necesidades. Los jefes militares lo reconocen. Por ejemplo, en el Ejército se requieren nuevos chalecos antibalas y cascos.
En la FAE, la flota aérea de combate debía ser renovada en el 2015, pero no se lo hizo, pese a que así lo contemplaba la planificación estratégica. La infraestructura tiene problemas. Se requiere material para el funcionamiento y operación del sistema de vigilancia y control del espacio aéreo.
La Comandancia de la FAE dice que urge “una fuerza de reacción inmediata”, para la protección “de la soberanía del espacio aéreo” y para contrarrestar los vuelos ilícitos.
“Necesitamos equipamiento”, señala el general Fabián Fuel, jefe de Operaciones del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el máximo organismo entre los militares.
El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, advierte que pese a las limitaciones económicas se compraron equipos de intendencia, es decir, uniformes, mochilas, botas, cinturones, carpas, entre otros.
En este año se le aprobaron USD 1 457,8 millones para esta Cartera de Estado. Pero en el presupuesto del 2020 hay una reducción del 4,3%. Esto significa USD 63,6 millones menos.
Dentro esa proyección económica se destina, por ejemplo, USD 23 millones para la adquisición de seis helicópteros de búsqueda y salvamento.
Además, constan USD 22,35 millones para la renovación de infraestructura de seguridad de espacios marítimos. Otro rubro fuerte es de USD 15,4 que servirán para la compra de aeronaves de entrenamiento básico a pilotos de la FAE.
Para la recuperación de la movilidad y capacidad estratégica de la frontera norte se asignarán USD 13 millones.
También hay recursos dedicados a adquirir armamento para el Ejército, como pistolas.
Los fusiles que su personal usa fueron adquiridos para la guerra del Cenepa, en 1995.
Este año se hizo una compra, pero solo de 250 unidades y en la Fuerza Terrestre operan 25 500 uniformados.
El pasado 8 de agosto, el entonces comandante de la Fuerza Terrestre,
Javier Pérez, ya habló de las necesidades. “Es importante que las instalaciones y equipo que forman parte del dispositivo militar reciban atención ¡No pedimos lujos! Tan solo condiciones mínimas para cumplir de mejor forma las distintas misiones”.
Luego expresó lo siguiente: “Es vital que se atienda a las fuerzas del orden con la misma prioridad e importancia con la que los ecuatorianos demandan mayor seguridad”.
Hoy, el Gobierno dice que “los enemigos del Ecuador no son los mismos”, que buscan “poner al Estado al servicio del narcotráfico y del crimen organizado de poderosas mafias”.
Habla de insurgencia y de la necesidad de contrarrestarla.
Esa información surgió luego de las violentas protestas de octubre. Las investigaciones determinaron que las redes sociales se usaron para organizar los ataques. Por eso, ahora se intenta trabajar con fuerza en temas de ciberseguridad.
Para el próximo año está previsto desembolsar al menos USD 1,5 millones para esta actividad. Esa cifra es menor a los USD 1,8 millones planificados para este 2019. Sin embargo, este año no se ejecutó ese fondo.
Esta información consta en el Plan Anual de Inversiones, que se encuentra en la página del Ministerio de Finanzas.
Para el comandante del Ejército, Luis Altamirano, es necesario ejecutar acciones concretas en el campo cibernético. “La aplicación del arte militar ve la necesidad de concebir un espacio de maniobra que no solamente se circunscriba al mundo físico, sino que vislumbre y se confunda con el espacio virtual y la dimensión tecnológica de su uso”.
En el libro Política de Defensa Nacional o Libro Blanco, elaborado bajo la dirección del ministro Jarrín, se habla de probabilidades de que ocurran ciberataques. En la página 30 se establece que “los actuales conflictos forman parte de las denominadas guerras no convencionales que transcienden las fronteras, vulnerando la seguridad de los Estados”.
El Libro define esos ataques como la vulneración a la infraestructura del Estado. “Esto es ejecutado a través de mecanismos tecnológicos de ciberterrorismo, ciberdelito, cibercrimen, ciberespionaje, e infiltración a sistemas informáticos”.
El general Roque Moreira, quien durante las manifestaciones de octubre manejó a las FF.AA., reconoce que hubo circunstancias que no fueron tomadas en cuenta, como el manejo de las redes sociales o la extrema violencia que dejó USD 9 millones de pérdidas en material militar: tanquetas, chalecos, toletes, etc.
El Ministerio de Defensa advierte que se compra equipos antimotines y se invierte en la capacitación, pero en la Proforma del 2020 no aparece un rubro detallado en ese sentido.