Entrevista a Medardo Oleas, miembro de la organización Marcha Blanca.
¿De qué forma puede afectar la crisis carcelaria en la seguridad del Ecuador?
Si es que nosotros no tenemos verdaderos centros de rehabilitación, el sistema fracasa. Al no tener un sistema profesional que maneje a los detenidos, lo único que se logra es amontonarlos con un trato inhumano. Como no tienen que hacer porque no trabajan o estudian, solamente perfeccionan sus actividades delictivas. Eso influye en la inseguridad porque desde la prisión hemos visto que se organizan secuestros, asaltos y extorsiones.
Sin embargo, el Gobierno argumenta que en los centros de rehabilitación hay talleres y seminarios para los internos ¿Eso puede ayudar a disminuir la inseguridad?Son planes parciales. No hay un programa adecuado de rehabilitación. Con hacer un taller o un ciclo de conferencias no se saca nada. Primero debemos analizar a la gente que maneja las cárceles, quienes deben ser verdaderos profesionales, pero lamentablemente está ahí gente que no sabe cómo manejar un centro de reclusión y se nombra como carcelero al que tiene las llaves del candado. Los que trabajan con presos deben ser especialistas en tratar a esta clase de personas que merecen un trato diferente.
Uno de los problemas que influye en la inseguridad es la impunidad. ¿Cómo analiza la labor que realiza la Policía frente a los casos que aún no han sido resueltos?
Aquí el problema es estructural. La Ley le da la facultad al fiscal para la parte preprocesal y la parte penal, pero este no investiga. Es un abogado que está sentado en su escritorio con su computador. Además, los uniformados, como los 3 500 que hay en la Policía Judicial del país, no están preparados en ciencias forenses y en las técnicas de criminalística que se han desarrollado en el mundo. Entonces, por eso fracasan todos los procesos de investigación.
Un estudio de la Dirección Nacional de la Policía Judicial del 2009 revela que, a escala nacional, un agente resuelve cinco casos de 32 que se presentan al año. ¿Eso es el reflejo de la falta de preparación que usted menciona?
La primera labor que debe hacer la Policía es preventiva. Es decir, evitar que se cometan ilícitos porque ellos saben cómo opera la delincuencia. Pero, si después vamos a la parte formal y escrita donde se presenta una denuncia y le mandan a investigar con el sistema que ellos utilizan: tres o cuatro días después del delito, jamás se podrá descubrir algo. La investigación que no se inicia de forma inmediata no funciona.
¿Qué se debe hacer?
Se debe entregar los procesos iniciales de investigación a la Policía y no a los fiscales porque a los tres o cuatro días que conoce el caso da inicio a las indagaciones y luego delega al policía para que investigue. Se fracasa porque seguimos con este método arcaico.
Con la consulta el Gobierno pretende reorganizar el sistema judicial del país, pero ¿esta también debería abarcar otros ámbitos de reforma como la Policía?
Claro. El problema es que a la Policía se la quiere controlar en vez de profesionalizar. Por ejemplo, se pidió que una de las reformas constitucionales apunte a que el comandante no sea designado por el Presidente de la República, sino que sea como en los países del Primer Mundo. Es decir, que la institución dependa del alcalde porque es local.
¿Por qué el alcalde?
Él debe ser quien coordine el trabajo de acuerdo con las necesidades de la ciudad. Luego, la Policía le debe rendir cuentas a él. Los altos mandos de generales no funcionan. Hay que despolitizar a la Policía porque cuando ellos saben que el Presidente de la República nombra al comandante, automáticamente se politiza esa función, lo cual es malo.
¿En qué otro aspecto la consulta debería plantear una reforma para mejorar el tema de la seguridad?
Debemos tener un proceso administrativo para el conocimiento en el juzgamiento de las causas. Se debe clasificar los delitos en leves, medios y graves para tener un proceso ágil. Así, los delincuentes que cometen delitos pequeños serán sancionados de forma inmediata e irán a un proceso de rehabilitación en cárceles de baja seguridad. Los delitos medios se tratarían con jueces penales y los graves con tribunal penal. Si no se hace eso, no lograremos nada. Entonces, las preguntas de la consulta no van a resolver los problemas de seguridad. Al contrario, las van a empeorar.