Geoff Thale, director de Programas de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola), dice que las penas fuertes no reducen la criminalidad.
En Ecuador está en marcha un proceso para ampliar la prisión preventiva. ¿La política de mano dura con los inculpados es apropiada?Para explicarlo cabe hacer una comparación entre Centroamérica y América del Sur. En el primer caso, en los últimos años hemos visto un cambio desde una política muy de mano dura, de penas fuertes, de tensiones masivas, hacia políticas enfocadas mucho más a la prevención social, a la investigación policial, a la lucha contra la corrupción, etc.
¿Pero acaso los ciudadanos no esperan mano fuerte contra los delincuentes?
En El Salvador, entre el 2002 y 2003, un candidato presidencia habló de supermano dura. Pero años después la tasa de homicidio con esas políticas no se redujeron, sino que aumentaron. En el 2003, el nivel de homicidios en ese país era de 40 por 100 000 habitantes y en el 2009 fue de 70 por 100 000. Es decir, hubo un aumento fuerte, pese a la aplicación de políticas duras.
Si las políticas de mano dura no son las respuestas ideales, ¿cuál es la solución?
Se requiere primero una Policía con capacidad de Inteligencia para determinar un diagnóstico de la criminalidad. Es decir, ver a qué tipo de delincuencia se enfrentan. Se requiere una capacidad investigativa de la Policía, se necesita una Fiscalía que pueda avanzar con los juicios. Urge un compromiso en cuanto a la prevención social en la escuela, con jóvenes en riesgo y requiere una lucha contra la corrupción.
¿Cómo lograr una formación adecuada de los agentes de la Policía y de la Fiscalía?
Hay que comenzar con un diagnóstico, pero hay que ver la cantidad de policías existentes, el número de casos a investigar, el sistema de control, la supervisión, el número de investigadores y capacitación para ellos. De esto hay buenas experiencias en Centroamérica y otras regiones. Perú y Argentina, por ejemplo, tienen buenas experiencias en el mejoramiento del sistema judicial.
¿Por qué en esos países sí y en otros no?Desde Argentina hasta México existe una red de ONG que hace monitoreo de programas de reforma policial. Esa red tienen experiencias, conexiones, conoce cómo y cuándo se puede hacer una reforma policial. Si hay inconvenientes no es por falta de sistemas, sino por falta de un compromiso serio de hacer la reforma y dar un seguimiento necesario.
Pero en esos países de Centroamérica hay problemas serios con jóvenes vinculados a pandillas.
En El Salvador, Honduras y Guatemala, entre el 2002 y el 2003, la Policía detuvo a unos 25 000 jóvenes en un año y medio. Es decir, aumentó el número de encarcelados. Resultó que las pandillas no se detuvieron y se organizaron más, se clandestinizaron e incluso desarrollaron vínculos con el crimen organizado y el narcotráfico. El resultado perverso de esta política de mano dura fue empeorar la delincuencia y la criminalidad de las pandillas. Dentro de las cárceles, los grupos criminales se organizan y dirigen actos delictivos. Entonces, no es tan claro que el encarcelamiento termina el crimen organizado.
¿Quién falla? ¿Cómo mejorar el sistema judicial caótico como en el caso de Ecuador?
Requiere primero una visión integral del sistema judicial, desde la Policía, Fiscalía y cárceles. Los ministerios de Justicia o de Seguridad requieren una visión integral y un sistema para coordinar entre la distintas instancias que trabajan en el tema de seguridad.
Frente a los problemas, la gente no cree en la Justicia. ¿Qué hacer frente a ello?
La confianza de la gente es algo central en un sistema legal. No se puede recuperar de hoy a mañana la confianza y eso requiere señales claras, niveles altos del gobierno y compromiso de trabajar en los sistemas y subsistemas para hacer reformas. Depende en que los líderes que emprenden los cambios sean gente de confianza y creíbles. En los países que han mejorado los sistema de Justicia y han reducido los tiempos para establecer sentencias no tiene que ver necesariamente con los sistemas de prisión preventiva larga.
En Ecuador, la prisión preventiva sin sentencia vence en seis meses en delitos menores y en un año en delitos graves. El Gobierno propone ampliar esos plazos.
Aquí hay que mencionar una cosa. Las reformas administrativas del sistema judicial han avanzado mucho en los países. En la mayoría de las cárceles, los detenidos van en tiempos mucho más cortos a sus juicios y como un 60% de los encarcelados ya han recibido sus sentencias. Entonces, la prisión preventiva va de la mano con la eficacia y la funcionalidad del sistema de justicia vigente.