Policías y FF.AA., señalados en presunta violación de DD.HH.

El hombro derecho está cubierto con una venda blanca y usa una faja elástica para caminar. Tampoco puede ver con el ojo derecho. Desde la agresión que sufrió el 22 de mayo último, Galo Merino todavía no se recupera.

Él recuerda que ese día vendía fundas para la basura, cerca a la Plaza Grande (centro de Quito), cuando fue atacado por supuestos policías metropolitanos. “Me llevaron a una furgoneta y me golpearon con esposas en la cabeza. Sentí que puntapiés alcanzaron mi ojo derecho. Me rociaron gas lacrimógeno…”.

El hombre, de 41 años, narra que por esas lesiones no puede conseguir empleo. Antes trabajaba como albañil, vendedor ambulante y carpintero. Ahora no puede hacerlo, porque su hombro derecho está dislocado y no tiene USD 7 000 para operarse del ojo. Tampoco puede manejar las herramientas, ni cargar quintales de cemento.

Su caja en la que guardaba el martillo, serrucho, alicates, destornilladores, etc., quedó guardada hace siete meses. Merino dice que no tiene sueldo. Antes ganaba USD 120 a la semana y ahora sobrevive con la ayuda de su hermana, Grace Ortiz, quien paga sus medicamentos.

Este caso consta en el informe anual (enero-octubre) que publicó la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) a propósito de que hoy se recuerdan 64 años de la Declaración Universal de los DD.HH.

En el documento se registran 215 víctimas, en 51 casos de presuntas violaciones a los derechos humanos en Ecuador.

“Causa preocupación la brutal agresión física hacia un comerciante que sufrió la pérdida de la visibilidad de su ojo derecho. El caso está a cargo de una fiscalía de Pichincha, que investiga la presunta responsabilidad de uniformados…”, dice el reporte.

En el informe de la Cedhu también se detalla que los atropellos más graves se presentan en los casos de muertes bajo torturas.

En 10 meses, la Cedhu registró, por ejemplo, cinco denuncias por torturas, 23 por homicidio, 15 agresiones físicas, cinco detenciones arbitrarias y tres ejecuciones extrajudiciales.

Cita la detención de tres personas durante un operativo de control de armas en Guayaquil, cuyos cadáveres fueron hallados con impactos de bala. Un Tribunal Penal del Guayas señaló a ocho militares como sospechosos del hecho.

El caso se encuentra en etapa de impugnación, en la Corte Provincial del Guayas.

Bella Buri es madre de uno de los fallecidos. Tras el incidente, ella padece problemas del corazón. Recuerda que por las noches sueña que su hijo la visita y llora junto a los hermanos menores de la víctima.

Julio Avilés Buri, de 22 años, era un comerciante que trabajaba para mantener a sus parientes. Desde la fecha en que murió (7 de abril del 2012), la familia tiene problemas económicos.

Por defenderla, el abogado le cobró USD 4 000. Le paga poco a poco y lo hace con el dinero que puede recoger lavando ropa y limpiando casas ajenas. Los fines de semana también trabaja en un restaurante.

Las falencias en la PJ

Este año, los Derechos Humanos vuelven a señalar las falencias en las investigaciones de delitos. Ya lo hizo en el 2010 el relator de la ONU para las ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston. Su informe -difundido en julio de ese año- señaló que solo el 1,3% de las muertes denunciadas a la Policía “terminaron efectivamente en una sentencia condenatoria”.

Con base en testimonios de familiares, DD.HH. indica que “las investigaciones en general, aún son deficientes” y que “en algunas delegaciones provinciales de la Policía Judicial existen pocos investigadores para el número de casos que se conoce, por lo que los procesos se estancan sin mayor resultado”. Ayer, la Policía no se pronunció sobre este hecho.

En el único estudio que se ha levantado entre los investigadores se revela que al 2009, un agente de la PJ, en promedio, recibía 32 casos al año y resolvía solo cinco.

En los archivos de Cedhu también constan 27 denuncias que en 10 meses del 2012 se presentaron contra miembros de la Policía Nacional, quienes son señalados por presuntas violaciones a los derechos humanos.

Un Policía enjuiciado

Cuando se acercaban las fiestas navideñas, Galo Merino solía fabricar juguetes de madera para venderlos en las calles y plazas del Centro Histórico de Quito.

Por la lesión en su brazo ya no puede hacerlo. Su hermana y él dicen que no abandonarán el caso e iniciaron un juicio en contra del jefe de la Policía Metropolitanos que supuestamente lo agredieron. Según los abogados de Merino, él es “autor material e intelectual” del hecho. En la última audiencia de formulación de cargos (30 de noviembre), el Juzgado Penal XIII de Pichincha dictó medidas cautelares en contra del sospechoso y a partir del 4 de diciembre deberá presentarse cada 15 días ante el juez.

La situación política

El último informe de    Amnistía Internacional  sobre DD.HH.  señala que los procesos  penales  iniciados   en contra de dirigentes indígenas de Ecuador “parecían concebidos para impedir y castigar protestas legítimas”.

Además, “para silenciar   a quienes hacen campaña por los derechos humanos de sus comunidades”.

 Amnistía Internacional   dice que  se debe mantener el orden, pero con respeto a los DD.HH.