La Policía se quedó con menos funciones. Desde el lunes, los edificios, vehículos, presupuestos y hasta créditos que manejaba la institución del orden pasaron a manos del Ministerio del Interior.
Esta Cartera de Estado también asumió la representación legal, judicial y extrajudicial de los uniformados. La noticia se conoció ayer, cuando se hizo público el Decreto Ejecutivo número 632, que el presidente Rafael Correa firmó a inicios de semana.En el documento, que tiene tres artículos, tres transitorias y un artículo final, se indica que “el personal policial de línea se dedicará exclusivamente a las actividades operativas”. Con ello, se dispuso que no realicen trabajo administrativo. De esto se hará cargo personal civil que contrate o designe el Ministerio del Interior (MI).
En tanto, en las unidades especializadas, como el Grupo de Intervención y Rescate (GIR) o el Grupo de Operaciones Especiales (GOE), el personal continuará en sus funciones actuales.
A esto se suma que el personal civil que labora en la Policía pasará al MI. Este organismo podrá evaluar y seleccionar al personal. “En caso de existir cargos innecesarios, el MI podrá aplicar un proceso de supresión de puestos…”.
Un informe oficial revela que en el momento, a escala nacional operan 38 860 uniformados. El mayor número está en el Primer Distrito (18 517), a donde pertenece Pichincha.
En el Regimiento Quito número 1, en donde el pasado 30 de septiembre estalló la insubordinación policial, el Decreto se conoció la mañana de ayer. Hasta la tarde, oficiales y personal de tropa prefirieron no comentar públicamente la disposición.
Lo único que señalaron es que la información no se había comunicado oficialmente, sino que conocieron a través de la Internet.
Los policías, que hablaron con la condición de que sus nombres no sean publicados, dijeron que los rumores con respecto a los cambios se comenzaron a escuchar hace dos semanas.
En el Regimiento, patrulleros y motocicletas entraban y salían. En las oficinas se atendían los trámites de rutina. En una de las oficinas del Comando Provincial de Pichincha, número 1, por ejemplo, ayer en la tarde se planificaban operativos de seguridad.
En el Comando de Policía del Distrito Metropolitano laboran 14 uniformados y 17 empleados civiles. Entre estos últimos están encargados de los archivos, secretarías, asesor jurídico, etc.
El personal espera que en esta semana se comience el traspaso del personal civil hacia el MI.
En el Ministerio del Interior tampoco hubo pronunciamiento alguno. Personal cercano al ministro Alfredo Vera señaló que el funcionario se encontraba en Manta y que hoy podría explicar el alcance de la disposición.
Para emitir el Decreto, entre otros aspectos, el Gobierno tomó en cuenta el artículo 17 de la Ley de Modernización. En esa norma se dice que el Presidente de la República tiene la potestad de emitir disposiciones administrativas, para “reorganizar y suprimir entidades públicas cuya naturaleza haya dejado de ser prioritaria e indispensable para el desarrollo nacional o que no preste una atención eficiente y oportuna a las demandas de la sociedad”.
Los cambios en la institución del orden no terminan con las fijadas en el Decreto. A partir de su publicación, el Ministerio del Interior tiene 90 días para reorganizar toda la estructura policial.
Para el experto en DD.HH. y seguridad Ricardo Camacho, “es interesante que el Presidente de la República haya tomado la decisión (de firmar el Decreto), que estaba recogida en el proyecto de la nueva Ley Orgánica de la Policía”. Según Camacho, la entidad del orden “ ha demostrado que no puede manejar un presupuesto de manera adecuada ¿Cuál es la cantidad que devolvió a la cuenta del Tesoro Nacional?
Según la disposición transitoria tercera, los ingresos, gastos corrientes y de inversión, que actualmente ejecuta la Policía, pasarán al presupuesto del Ministerio del Interior y serán destinados exclusivamente a las necesidades de los uniformados.
La Secretaría de Estado también asume los créditos “que tuviere la Policía Nacional”.