Los límites de la cooperativa Sergio Toral I y de Flor de Bastión definen el área de asentamientos consolidados del noroeste de la vía Perimetral de Guayaquil. Así aparece en los mapas del Municipio y hasta ahí se levantarán obras y se darán servicios, según las autoridades.
Esa línea también aparece en los mapas que usa la Policía, para sus rondas de vigilancia. Detrás de ese límite, las autoridades no llegan. Tampoco hay controles.Pese a que en la entrada al sector de La Ladrillera, en la avenida Las Iguanas, se ubica la Unidad de Vigilancia Pascuales, los patrulleros no recorren los caminos zigzagueantes que conducen a cooperativas como Monte Sinaí, Ciudad de Dios, Voluntad de Dios, Tierra Prometida, Ciudad Nueva, Marcos Moroni…
La Policía reconoce que no brinda seguridad en esas zonas. El papel lo asumía hasta la semana pasada la guardianía privada informal, contratada por los dirigentes barriales de esos sectores.
Mario Acosta, jefe de la Policía Judicial del Guayas, dice que como esas cooperativas no aparecen en los mapas municipales, tampoco tienen estadísticas sobre los delitos que se cometen allá.
Bertha Morán vive en Ciudad de Dios. Ella conserva desde hace cuatro años los recibos del pago de guardianía. Era USD 1 semanal que cancelaba en la oficina de Tony Estacio. “Desde que don Tony desapareció ya no hay guardias ni control. Toca cerrar las puertas temprano y poner los candados”.
Desde hace 25 años, Mario (nombre protegido) vive en Monte Sinaí . Allí compró 13 solares, en USD 13 000. Construyó bodegas y puso un negocio de venta de tanques para recoger agua.
Dice que gracias a las brigadas de guardias sus terrenos estuvieron libres de invasores. “Esto era seguro. Aquí no matan, aquí vienen a dejar los muertos”. El sector tampoco es parte de las zonas seguras fijadas por la Policía.
Sin embargo, según las estadísticas del Observatorio de Seguridad Ciudadana de Guayaquil (OSCG), la zona segura Flor de Bastión, en la entrada a estos sitios, tiene un alto índice de asesinatos. Está comprendida por 17 cooperativas, entre ellas tres etapas de la Balerio Estacio.
Cerca, en la zona de La Ladrillera, tres personas murieron en un confuso cruce de balas en el robo a un bus. Fue el 30 de diciembre y todos vivían en el sector.
Mientras asaltaban a los pasajeros, uno de los tres desconocidos le disparó a Jair Pérez García, un niño de 10 años, porque lo habría reconocido. Un supuesto policía vestido de civil abrió fuego y en el momento fallecieron Edwin Fernando Castro Coque (20) y Jorge Leonardo Zambrano Mora (21).
Según la madre de Zambrano, él habría salido a comprarle medicamentos. La madre de Castro no explicó qué hacía su hijo en el lugar del incidente.
El pequeño falleció un día después luego de sufrir 11 paros cardíacos. Su madre, Gloria, fue visitada el pasado martes por el presidente Rafael Correa, quien recorrió el sector de Monte Sinaí. La visita fue justo una semana después de que el Mandatario abriera una lucha contra los traficantes de tierras del noroeste de la ciudad, anunciando una reubicación de los moradores.
A los pocos días, la noticia acarreó disputas. Con cañas y palos, cientos de personas buscaban un pedazo de tierra, en medio de peleas con los lugareños.
Así pasó con Zoila Nacipucha, de 62 años. El lunes, a las 22:00, un grupo de hombres y mujeres ingresó a su casa de caña para destruirla y apoderarse del solar en la cooperativa Monte Sinaí.
Con su pierna enyesada por una fractura de peroné, Zoila pidió ayuda a los militares que llegaron para resguardar el sitio. Pero no tuvo respuesta y denunció su problema ante la Fiscalía de la PJ.
Ayer, hombres y mujeres preocupados por perder sus terrenos hicieron fila por horas en la PJ.
Con documentos, buscaban demostrar que han pagado los terrenos sobre los que se han asentado. El temor a que derrumbaran sus humildes casas de caña o que invasores se tomaran sus solares era evidente en sus rostros.
En contraste a las quejas hacia los líderes de las cooperativas, a las 14:30 decenas de personas llegaron en buses para apoyar a Balerio Estacio. A gritos pedían la libertad de su líder popular.
Isidro Gómez elevaba un cartel y animaba a sus vecinos. Para él, el anuncio de Correa “no tuvo fundamento y está creando mucha violencia, enfrentamiento de pueblo contra pueblo”.
El abogado de Estacio, Raúl Llerena, explicó que a su cliente se lo acusa de una gama de delitos, entre ellos el de terrorismo. Y convocó al ministro de Justicia, José Serrano, para demostrar sus cargos.