2 de August de 2012 00:00

Pese a las críticas, la Judicatura defiende la selección de 210 jueces

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La evaluación y selección de jueces civiles, penales, de Tránsito, Niñez, etc son cuestionadas. Este Diario accedió al oficio 048-CI-2012-FAR, que el 4 de julio se emitió a la Veeduría Internacional (VI).

En este informe se consolidaron 1 275 calificaciones de 1430 aspirantes. Ellos recibieron el curso de formación inicial (última fase del concurso de méritos y oposición) y evaluaron a 11 juristas, que en el denominado curso de formación inicial impartieron clases de DD.HH., garantías constitucionales, ética, oralidad.

El informe final reveló que cinco de ellos fueron considerados ‘pésimos’, pues no cumplieron con los parámetros medidos: conocimientos, profundidad, secuencia, equilibrio entre teoría y práctica, variedad en actividades, manejo de recursos didácticos, claridad de exposición, interactividad y respuestas adecuadas.

Esto ocurre pese a que el puntaje que estos juristas emitieron fue decisivo para obtener la lista final de jueces ganadores.

A la VI llegaron los resultados de esas evaluaciones y en el documento de 12 páginas se recogieron las sugerencias de los participantes. Frases como: “al docente le falta conocimiento sobre la temática”, “se solicita cambiar de docente”, “no se debería improvisar”, “el profesor se quedó sin materia y empezó a divagar”... llenan las líneas de las indicaciones.

Uno de los profesores más cuestionados fue Diego Zambrano, actual coordinador de Control Disciplinario de la Judicatura y asesor de la vocal del Consejo de Transición, Tania Arias.

En 12 días de curso, el funcionario impartió clases de Constitucionalismo, derechos humanos y garantías constitucionales.

Otros que también tienen menores puntajes fueron los juristas Rául Cadena y Jorge Baquerizo.


Óscar Chamorro, gerente del Eje de cooperación interinstitucional de la Judicatura, señaló en el informe remitido a la Veeduría que los docentes fueron seleccionados por un equipo especializado. “Todos los docentes fueron aprobados para impartir clases por la Dirección General”.

En la página 6 del documento, el funcionario incluso recalcó que esa selección tuvo cambios hasta llegar a los juristas elegidos.

“Luego se estableció un listado como propuesta para ser revisado por la Dirección, de donde surgieron cambios una vez arrancado el proceso de formación, situación que dificultó la elaboración de los exámenes finales y la especificación de los casos que se enviaron como tareas prácticas”.

Un informe con críticas

Pese a todas las polémicas por la designación de los 210 jueces mejores puntuados y 133 en el banco de elegibles para llenar el resto de plazas, el Consejo de Transición (CJT) presentó ayer el balance de su gestión tras un año de la reestructuración judicial.

El acto se realizó en el salón de la Casa de la Música, en Quito. Autoridades de la Alcaldía, asambleístas y funcionarios del Ministerio de Justicia, del Consejo de Participación Ciudadana, etc escucharon una hora y media de discursos. Allí hablaron los tres vocales de la Judicatura de Transición: Paulo Rodríguez, Tania Arias y Fernando Yávar.

Datos oficiales entregados ayer señalan que los avances en los seis ejes estratégicos planificados desde el 26 de julio del 2011 tienen un progreso del 46,74%. De 215 proyectos, 126 están en ejecución, 28 han finalizado y 61 estarían por iniciar hasta enero del 2013, fecha en que finaliza el plazo de la reforma de justicia.

La semana este Diario accedió a informes cortados a mayo y allí se decía que 187 proyectos estaban en marcha a escala nacional.

En los ejes: talento humano, modelo de gestión, infraestructura civil, tecnología, cooperación interinstitucional y además en comunicación se han invertido hasta julio de este año USD 204 millones, según datos del departamento de Coordinación y seguimiento de la Judicatura.

Para la reforma se planteó una inversión total de USD 600 millones, de los cuales 400 se utilizarían en el año y medio y lo restante hasta el 2014.

Para infraestructura civil se abrieron 187 obras en ejecución. En estas se ha invertido el 57% del presupuesto, es decir, USD 118 millones. El segundo mayor rubro ha sido para talento humano, es decir, para concursos y designaciones (el 25%).

Los vocales defiende los procesos de selección de los jueces y funcionarios tanto de la Corte Nacional de Justicia como de la designación de los 210.

El colegio de Abogados de Pichincha pidió explicaciones

Las irregularidades en el concurso y la designación de los jueces generaron quejas y denuncias de los jueces de carrera, quienes pese a los altos puntajes en méritos y oposición fueron descalificados tras el curso de formación.

Diego Zambrano, coordinador de Control Disciplinario, envió el memorando 3524-UCD-2012 -el 9 de julio pasado- a los directores provinciales para que se difunda que habrá“sanciones a los jueces que resuelvan favorablemente actos de protección cuyo objeto tenga que ver con aspectos de mera legalidad”.

Eso por si los judiciales quisieran acogerse a la ley para que se revisen sus casos, como el presentado por una jueza del Guayas para impugnar su calificación.

Por eso, José Alomía, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, remitió un oficio a Paulo Rodríguez. Lo hizo el 25 de julio pasado, para solicitar una “conferencia magistral” a fin de que se explique cuáles son los actos que deberían ser motivo de las acciones constitucionales y cuáles son los de mera legalidad que deberían ir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

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