El fiscal general de Ecuador, Washington Pesántez, rechazó hoy la decisión del gobierno de someter a los miembros de la Policía Judicial (PJ) al detector de mentiras como medio para combatir la corrupción en el organismo.
Pesántez, que en su calidad de fiscal preside el Consejo Directivo de la PJ, dijo que esa práctica es contraria a la Constitución y a la declaración universal de los Derechos Humanos, que consagran garantías al “buen nombre” y a la “intimidad”.
Además, “el polígrafo como método probatorio es totalmente inaceptable” y viola el “principio de que nadie está obligado a confesar contra sí mismo y a soportar tratos degradantes”, señaló, al comentar en un acto público una carta que le envió al presidente Rafael Correa exponiendo sus reparos.
El ministro del Interior, José Serrano, defendió este miércoles la medida que implicará a unos 4 000 efectivos, como una manera de “construir confianza con la ciudadanía”. “Será una instancia meramente evaluativa”, sostuvo.
Sin embargo, el Fiscal indicó que la prueba preguntará a los policías si han sido autores, cómplices o encubridores de delitos, y prevé que quienes fallen sean asignados a otras áreas.
“El resultado equivaldría a obtener una confesión forzada”, estimó Pesántez y advirtió que “cualquier decisión importante” en la PJ “se debe tomar en el seno” del Consejo que él encabeza.
Correa inició una reestructuración de la Policía, tras la rebelión de agentes del pasado 30 de septiembre por reclamos salariales, que dejó diez muertos y 274 heridos.
El mandatario socialista asegura que la sublevación fue instigada por policías corruptos en contubernio con opositores políticos para propiciar su caída.