30 de September de 2010 00:00

Pesántez agudizó su pugna con la Corte

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Redacción Judicial

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Desde el 19 de marzo está vigente la resolución de la Corte Nacional de Justicia que impuso como requisito previo la existencia de un informe de la Contraloría para juzgar a los sospechosos de peculado.

Ayer, la Fiscalía informó que el fiscal general del Estado, Washington Pesántez, demandó ante la Corte Constitucional la inconstitucionalidad de esa resolución. Su decisión se hizo pública luego de que el ex ministro de Agricultura, Walter Poveda (foto), recobrara la libertad, cerca de las 11:40, debido a que la Corte se resistió a efectuar la audiencia de formulación de cargos por presunto peculado, pedida por la Fiscalía. Según la demanda, el ex miembro del Gabinete de Rafael Correa supuestamente adjudicó de forma irregular 14 contratos para la construcción de canales de riego en Manabí. El martes, Poveda se entregó.

Pero el juez Luis Quiroz, presidente de la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Nacional, argumentó que no existe un informe de la Contraloría que sustente la acusación.

La Fiscalía cuestionó la resolución y señaló en un comunicado que “esta ilegal resolución promueve y garantiza, en definitiva, la impunidad en delitos que afectan al interés público, incentiva la corrupción e interfiere las acciones de todos los organismos de control”.

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