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Perito Roberto Meza: Muerte de Gabela no fue por robo

El perito Roberto Meza (centro) junto a Patricia Ochoa (der.) y Jéssica Jaramillo (izq.), exfuncionaria del Ministerio de Justicia. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO

El perito Roberto Meza (centro) junto a Patricia Ochoa (der.) y Jéssica Jaramillo (izq.), exfuncionaria del Ministerio de Justicia. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO

El perito Roberto Meza (centro) junto a Patricia Ochoa (der.) y Jéssica Jaramillo (izq.), exfuncionaria del Ministerio de Justicia. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO

Una cláusula de confidencialidad le impidió revelar todos los detalles. Pese a esto, el perito en Criminalística Roberto Meza habló de la muerte del exjefe de la FAE Jorge Gabela y dijo, por ejemplo, que su crimen no fue producto de delito común y que “muchas” personas están involucradas.

No entregó nombres ni explicó sobre la motivación del asesinato ocurrido en el 2010. “Lo que sí puedo decir es que si se avanzó a la tercera etapa es porque el crimen del general Gabela no había sido producto de la delincuencia común”, dijo  el experto de origen argentino, en una rueda de prensa que dio en Quito, el martes 19 de junio del 2018. 

Quien sí habló sobre el supuesto móvil fue la viuda de Gabela, Patricia Ochoa. “Hoy confirmé lo que siempre supe: a mi esposo lo asesinaron por causa de los helicópteros Dhruv, por no permitir esa compra”. Junto a ella estaba Meza, de pie y en silencio.

“Mi esposo trabajó 35 años con esa misma gente, fueron sus compañeros (de la Fuerza Aérea Ecuatoriana) los que los mataron, todavía no puedo entender eso”, agregó.

Gabela, excomandante de la FAE, fue acribillado dentro de su casa, en una urbanización privada en Guayaquil, en diciembre del 2010.

Cinco años después, en el 2015, la ministra de Justicia de ese entonces, Ledy Zúñiga, aseguró públicamente que la muerte del oficial fue “un delito común” y estuvo relacionado con un intento de robo.

Si bien Meza no dio nombres de los supuestos implicados, sí señaló que toda la información de su experticia estaba contenida en tres informes que entregó -el 8 de julio del 2013- al ministro de Justicia de ese entonces, Lenín Lara.

El experto indicó que recibió “órdenes expresas” de que solo los ministros de Estado o sus asesores podían conocer el contenido de esos textos.

Esas órdenes, según él, fueron dadas por Lara, quien además era el presidente del Comité Interinstitucional, que fue creado por Decreto Ejecutivo 1317 en el 2012, para investigar sobre este caso.

La semana pasada, Lara dijo que no conoció el informe y que se envió directamente a la Presidencia de la República.

De hecho, en el 2012, cuando el presidente Rafael Correa creó el Comité, dispuso también que esté conformado por las máximas autoridades de los ministerios de Justicia, Coordinador de la Seguridad; de Defensa Nacional; del Interior; y Secretaría Nacional de Transparencia. Además, que al término de su trabajo se le informe sobre las conclusiones.

Ahora el abogado de la familia Gabela, Ramiro Román, aseguró que pedirá a la Fiscalía que se llame a declarar a todos los funcionarios que estuvieron al tanto del caso. “Ese tercer informe tiene que aparecer”, dijo el jurista.

La tesis final, en donde se habla de las motivaciones del crimen, justamente está contenida en el tercer documento. Allí, Meza incluyó una lista con nombres de los posibles involucrados y las pruebas que halló. “Yo soy un profesional que trabaja con pruebas”.

Ahora ese tercer producto se encuentra desaparecido. Según el experto, el documento que el Ministerio de Justicia remitió a la Comisión de la Verdad de la Fiscalía está mutilado, sin sumilla ni firma de responsabilidad.

El 19 de junio, cuando rindió su versión, la fiscal Silvia Juma le acercó una documentación, pero el perito Meza sostuvo que ese no fue el trabajo que entregó al Estado.

Meza recuerda que redactó más de 130 hojas en el tercer informe, pero el Ministerio de Justicia envió 95 a la Fiscalía.

Según él, no se quedó con una copia porque el contrato tenía una cláusula que señalaba que todo el material era de propiedad del Estado y por eso Meza entregó todos los archivos en un dispositivo digital.

Durante el proceso de elaboración del documento, Meza señaló que recibió correos electrónicos en donde se le pedía que omitiera o descartara información.

Por ejemplo, uno de los correos que recibió en el 2013 fue de un asesor de la entonces ministra de Defensa, María Fernanda Espinosa, en donde aparentemente se le pedía que no se incluyera el tema de los helicópteros Dhruv.

Sin embargo, para Meza una de las hipótesis del asesinato estaba relacionada con la compra de las aeronaves.

Durante la administración de Gabela en la Fuerza Aérea (enero 2007 hasta abril del 2008), tres procesos de adquisición de las naves fueron declarados desiertos.

Otra funcionaria que, según Meza, le escribió para solicitarle más modificaciones en su informe fue la secretaria del viceministro de Justicia, César Augusto Ochoa.

Informes mutilados

El martes, durante la rueda de prensa, Meza dijo que otros informes periciales en los que fue contratado por el Estado también fueron “manipulados”. Uno de esos es el caso en donde se indaga la muerte del subteniente César Augusto Coronel Olivo.

Su padre, quien tiene el mismo nombre, explicó que el asesinato tuvo lugar dentro de un cuartel de Policía, en Lago Agrio, en el 2012.

Sin embargo, la institución uniformada le ha indicado que se trató de un suicidio.

En su caso, a él también el Ministerio del Interior le entregó un documento supuestamente elaborado por Meza, en donde no consta la firma del especialista.

Otro caso igual es la pericia que elaboró el experto sobre el paradero de los hermanos Andrés y Santiago Restrepo, de­saparecidos la mañana del 8 de enero de 1988.

Ayer, el perito Meza manifestó que la parte final, en donde estaban sus conclusiones, fue mutilada.

En contexto

Cuatro de los siete helicópteros Dhruv se estrellaron. Ahora todos están parados. La compra ocurrió en el 2009 y participaron altos oficiales de la FAE. En ese entonces, el Jefe del Ala de Combate 22 alertó que se requería de “forma inmediata” las aeronaves.

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