Perito: ‘policía de Mascarilla se extralimitó en el uso de fuerza’
En Mascarilla policías controlan el paso vehicular. Foto: El Comercio
En la hoja de vida del cabo primero David V. consta una capacitación de 64 horas en el uso progresivo de la fuerza. A sus 31 años es francotirador, instructor de tiro y miembro del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), un cuerpo de élite de la Policía Nacional.
Desde el 23 de agosto del año pasado, el agente se encuentra detenido por la muerte de Andrés Padilla, de 26 años. El deceso ocurrió en el Control Integrado de Mascarilla, durante un enfrentamiento entre una veintena de habitantes del valle del Chota y policías, entre quienes estaba David V.
Una bala de 9 milímetros terminó con la vida de Padilla. La Fiscalía sostiene que el proyectil salió del arma de dotación del uniformado: una pistola Glock, con número de serie MWM493. Indica que el disparo se produjo a unos cuatro metros de distancia, después de que Padilla agrediera con sus puños al policía y cuando la víctima estaba de espaldas.
Por eso, el ente lo acusa de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio, una figura delictiva que se castiga con cárcel de 10 a 13 años.
Este caso volvió a ser discutido la semana pasada, tras el crimen de Diana Carolina, apuñalada por su expareja ante la mirada de policías de Ibarra.
La ministra del Interior, María Paula Romo, dijo que “cuando hay policías que no utilizan sus herramientas de fuerza todos los recriminamos, pero cuando hay policías que la usan y siguen las reglas es nuestro deber respaldar”.
La investigación del caso Mascarilla se compila en 23 carpetas, que el miércoles fueron revisadas por este Diario. Allí se observa cómo después de la muerte del joven se han realizado más de 180 diligencias investigativas.
Consta, por ejemplo, un oficio del capitán Darwin Montalvo, jefe del GOE-Imbabura, quien indica que en el 2018 esa unidad no proporcionó ningún cartucho a David V.
Entonces, ¿de dónde salió la bala que mató a Padilla? Por pedido de la Fiscalía, el Subgerente de Producción de la fábrica de armas y municiones Santa Bárbara hizo un análisis del casquillo recogido como evidencia en Mascarilla.
Eltécnico determinó que se trataba de un cartucho fabricado por la empresa Sellier & Bellot, en República Checa. Por su calibre (9 mm) dijo que su uso no es exclusivo de la Policía.
La abogada del agente, Belén Bernal, explica que por estrategia de la defensa no puede indicar si la bala era policial.
Otra evidencia que se halló fue un pedazo de bala en el cráneo de la víctima, pero estaba tan deformado que no se podía cotejar con el casquillo recuperado en la escena. Por eso se realizó una segunda autopsia y en octubre pasado se ordenó la exhumación del cuerpo de Padilla, que estaba enterrado en el cementerio de El Juncal.
En ese segundo procedimiento se halló otro resto de bala, que se conoce como blindaje. Este sí pudo ser cotejado.
El resultado confirmó que la munición usada ese día salió del arma del agente. Los peritos hallaron restos de pólvora en las dos manos del policía, y en el parte que él mismo elaboró dijo tuvo que disparar su pistola en uso de su legítima defensa, porque sintió que su vida estaba en riesgo.
Sin embargo, la Fiscalía sostiene que el agente no tenía la necesidad de usar un arma letal, pues en el momento que ocurrió la detonación “no se verifica la inminencia de una agresión letal” contra él. Esa es la conclusión de Diego Peñafiel, experto en seguridad y derechos humanos, quien fue contratado por la Fiscalía para que hiciera un análisis sobre uso progresivo de la fuerza aplicado en este caso.
En su experticia, el perito determina que David V. “se extralimitó en el uso de la fuerza frente a la agresión recibida (golpes de puños)” y que Padilla corría en dirección contraria al agente cuando fue herido.
Para Romo, este caso es “un hecho confuso” y lo relacionó con la minería ilegal. Dijo que el cabo hoy detenido acudió a auxiliar a sus compañeros, quienes se enfrentaban a “gente armada”.
Cinco meses después de este hecho, este Diario volvió a Mascarilla. Los agentes que laboran allí dicen que todavía hay hostilidad. “La semana pasada trataron de disparar a la cámara del ECU 911”, cuenta un policía. Él atribuye este hecho a personas vinculadas con redes de minería ilegal.
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