El 21 de octubre, la Fiscalía formuló cargos contra 17 personas. Asistió el secretario jurídico, Alexis Mera (centro der) y Jorge Acosta, abogado de los empresarios Baquerizo. Foto: Archivo / Patricio Terán / EL COMERCIO
Tres solicitudes de Asistencia Penal Internacional de Panamá son parte de la investigación sobre la supuesta red de corrupción en Petroecuador.
La primera asistencia judicial solicitada al Ministerio de Gobierno de Panamá se realizó el 25 de mayo pasado.
Este pedido se realizó en el proceso inicial en contra de Álex Bravo, expresidente de Petroecuador, por supuesto tráfico de influencias y lo tramitó el fiscal Franklin Bravo.
Este informe de casi 1 400 páginas fue enviado al fiscal Jacinto Tibanlombo, quien está a cargo del caso por presunto cohecho, en contra del empresario Javier Baquerizo y otros 17 vinculados, entre ellos también está Bravo.
Este primer aporte de Panamá al que EL COMERCIO accedió reveló millonarias transferencias que realizaron empresas y contratistas estatales a las cuentas de Girbra, offshore de Bravo, por supuestas comisiones.
Asimismo, se evidenciaron los pagos que se triangularon desde Panamá a offshore, gastos suntuarios, etc.
Tras esta primera asistencia, la Fiscalía envió una segunda solicitud a las autoridades panameñas el pasado 3 de octubre, como parte de la investigación por cohecho.
Siete días después, es decir, el 10 de octubre se emitió un tercer pedido de ampliación del anterior, con el fin de recabar más información de las entidades bancarias relacionadas con personas naturales y jurídicas.
Los abogados de los involucrados aseguraron a este Diario que estos dos últimos informes aún no se han incluido dentro del proceso, pues llegan directamente al Fiscal Galo Chiriboga.
Hasta el lunes pasado, Chiriboga indicó que todavía están a la espera del segundo informe de asistencia.
A partir del pasado 21 de octubre, cuando se realizó la audiencia de vinculación de 17 personas, se extendió el plazo de instrucción fiscal para investigaciones por 30 días.
Es decir, esta etapa -en la que se pueden incluir pruebas de cargo y de descargo- concluiría el 21 de noviembre. Esta prórroga se establece en el art. 593 del Código Orgánico Integral Penal. Luego de esta fecha se evalúa si hay elementos o evidencias para ir a un juicio.
Actualmente, Baquerizo y Bravo son los únicos que están en prisión. Otros 12 tienen órdenes de prisión, pero habrían salido del país antes de su vinculación.
Tres familiares de Bravo y Paquita de M., exfuncionaria de Petroecuador, deben presentarse periódicamente ante los juzgados.
Mientras Chiriboga dijo estar a espera de la asistencia se solicitó la devolución al Estado de los USD 3,8 millones que fueron congelados de las cuentas de Álex Bravo de dos offshore en Panamá. Estas son: Girbra y Gevabra.
Por otra parte, este miércoles (9 de noviembre del 2016) la Comisión de Fiscalización de la Asamblea prevé conocer el informe sobre la investigación de offshore constituidas por ecuatorianos en paraísos fiscales y, que fue aprobado por la Comisión de Justicia.
