Romo dice que Defensoría del Pueblo no cotejó datos de muertos en octubre; la CIDH documentó 11 fallecidos

En el tuit publicado, la ministra advierte que los informes que emitió la Defensoría fueron tomados en cuenta por la Asamblea Nacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Foto: Archivo / ELCOMERCIO

En el tuit publicado, la ministra advierte que los informes que emitió la Defensoría fueron tomados en cuenta por la Asamblea Nacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Foto: Archivo / ELCOMERCIO

La ministra de Gobierno, María Paula Romo. Foto: Archivo / ELCOMERCIO

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, señaló el domingo 26 de enero del 2020 que la Defensoría del Pueblo no constató “ni lo más elemental” para descartar el nombre José Rodrigo Chaluisa como uno de los fallecidos en el contexto de las protestas de octubre del 2019 en Ecuador. “Asamblea y hasta CIDH le creyeron”, dijo la Secretaria de Estado.

Sin embargo, el informe de la situación de derechos humanos en el paro de octubre elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) registra la muerte de José Daniel Chaluisa y precisa que otro nombre, José Rodrigo Chaluisa, no consta en los partes de defunción del Estado.

La Defensoría del Pueblo levantó un listado de 11 fallecidos en el contexto de las protestas de octubre en Ecuador, en contra del Decreto 883 que elevó por 12 días los precios del diésel y de las gasolinas extra y ecopaís. Allí constaban los nombres de Raúl Chilpe, Marco Oto, José Daniel Chaluisa, Inocencio Tucumbi, Edison Mosquera, José Rodrigo Chaluisa, Gabriel Angulo Bone, Edgar Yucailla, Silvia Mera, Abelardo Vega y Edwin Bolaños.

En contraste con la afirmación de Romo, el informe de la CIDH, publicado el 14 de enero del 2020, sí detalla la falta de información sobre José Rodrigo Chaluisa e incluye la versión del Gobierno:

“El Ministerio de Gobierno informó que no haría logrado encontrar el nombre de esta persona en ninguna institución, por lo que podría tratarse “de un nombre repetido de la lista” en tanto coincide con el nombre y apellido de uno de los fallecidos en el puente de San Roque. El 30 de octubre de 2019, autoridades del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses ratificaron a la CIDH que el caso no se encontraba ubicado “dentro de la información de los cadáveres ingresados” a dicha institución. Igualmente, el 3 de enero de 2020, el Estado ecuatoriano señaló que, según el informe ejecutivo de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros de la Policía Nacional (DINASED) “en las bases de datos del Sistema David 20i2 (Módulo Registro de Muertes Violentas), no existe registro del levantamiento del cadáver del señor José Rodrigo Chaluisa”.

Asimismo, la CIDH recoge en su informe que el Estado ecuatoriano indicó que Edwin Bolaños no aparecía en la base de datos del Sistema Integrado de Actuaciones Fiscales de la Fiscalía con acta de defunción expedida oficialmente ni entre los casos de presunta desaparición forzada denunciados ante las autoridades.

Entre octubre y noviembre del 2019, este Diario corroboró la muerte de nueve personas incluidas en el informe de la Defensoría del Pueblo. Uno de esos fallecidos fue José Daniel Chaluisa, quien la tarde del lunes 7 de octubre del 2019 cayó desde el puente de San Roque, durante una persecución de policías motorizados, en el Centro de Quito.  

José Daniel Chaluisa murió al caer del puente de San Roque, en Quito, el 7 de octubre del 2019, en el contexto de las protestas. Dejó nueve hijos en la orfandad. Video: EL COMERCIO

Este domingo 26 de enero del 2020, la ministra Romo publicó en Twitter un video que data del 15 de octubre del 2019. Entonces, junto con el Mando policial, la funcionaria señaló que era posible que el nombre de una de las personas fallecidas en el informe de Defensoría del Pueblo se hubiera repetido.

La Ministra dijo el 15 de octubre que entre los fallecidos en el contexto de las protestas constaba el nombre de José (Daniel) Chaluisa, pero que no aparecía en los registros de la Policía el nombre de José Rodrigo Chaluisa, por lo que podría tratarse de una repetición. “Aparecen como dos personas distintas, aunque nosotros no hemos podido conseguir en ninguna institución la existencia de esta segunda persona de apellido Chaluisa”, sostuvo Romo entonces.

Video publicado el 15 de octubre del 2019 en la cuenta de Twitter de EL COMERCIO. Entonces, el monitoreo de la Defensoría del Pueblo daba cuenta de ocho personas fallecidas:

La Defensoría del Pueblo, en un comunicado de prensa del viernes 24 de enero del 2020, señaló que monitoreó “vulneraciones a los derechos humanos durante el paro nacional de octubre de 2019” y, posteriormente, creó la Comisión para la Verdad y la Justicia, en la que participa “un grupo de representantes de la sociedad civil”, que se encarga actualmente de investigar lo sucedido durante las manifestaciones y contrastar y verificar “los resultados arrojados por el monitoreo de la Defensoría del Pueblo”.

La fecha establecida para la entrega del informe de la Comisión es el 24 de marzo del 2020, “con lo que se espera arribar a una posterior reparación integral para las víctimas y sus familias”, dijo el organismo estatal a cargo de velar por los derechos humanos en Ecuador.

El monitoreo de la Defensoría reportó “más de 2 543 víctimas entre personas aprehendidas arbitrariamente, fallecidas y heridas”. En torno a los actos delictivos que se presentaron en el contexto de las manifestaciones, la entidad precisó en su comunicado que deben ser investigados por la Fiscalía General del Estado.

EL COMERCIO documentó periodísticamente nueve muertes violentas en el contexto de las protestas de octubre en Ecuador, tras acceder a documentos y contactarse con sus familiares y contó las historias de Edison Mosquera, José Daniel Chaluisa, Marco Oto, Inocencio Tucumbi, Gabriel Angulo Bone, Edgar Yucailla, Abelardo Vega, Raúl Chilpe y Silvia Mera.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos levantó información sobre esas nueve muertes y en su informe, presentado el 14 de enero último, incluyó dos víctimas más, que no constan en el reporte de monitoreo de la Defensoría del Pueblo pero sí en los registros del Estado: Mónica Castro y su hija Kelly Flores, el 9 de octubre del 2019, en un incendio en su domicilio. Con las dos mujeres, los fallecidos sumarían 11.