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Fiscalía rastreó las llamadas de Paola Pabón

Este es el momento en que Paola Pabón salía de la Corte Provincial de Pichincha. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

Este es el momento en que Paola Pabón salía de la Corte Provincial de Pichincha. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

Este es el momento en que Paola Pabón salía de la Corte Provincial de Pichincha. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

La audiencia fue reservada. La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, llegó a la Corte de Pichincha a las 05:00. Lo hizo acompañada de su abogado y con custodia policial. A la Sala Penal además entraron un colaborador suyo y una persona cercana al exasambleísta Virgilio Hernández, quienes también fueron capturados después de las movilizaciones.

Luego de cuatro horas de diligencia, los tres fueron procesados penalmente por el presunto delito de rebelión, un ilícito que es penado con cárcel de cinco a siete años.

El presidente de la Corte provincial, Julio Arrieta, ordenó prisión preventiva en contra de la Prefecta y de su colaborador. Para la tercera persona, ordenó la presentación periódica cada ocho días en una oficina judicial y la prohibición de salida del país. Además, se le inmovilizaron sus cuentas bancarias y tienen prohibido vender sus bienes.

En la cita judicial, el fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santillán, aseguró haber recabado evidencias a través de escuchas telefónicas.

Según la Fiscalía, en estas llamadas, los procesados disponían a la gente salir a las protestas, mencionaban que en las manifestaciones “combatirán a policías y militares traidores” y que a cambio recibirán “un regalo generoso” .
Cuando el magistrado emitió su resolución dijo que “en las escuchas, la Fiscalía determinó que trataron de subvertir al pueblo ecuatoriano”.

En las investigaciones también se detectó que durante el estado de excepción, los procesados aparentemente realizaban encuentros en la Prefectura de Pichincha.

La Fiscalía tiene 90 días para investigar un presunto financiamiento para cometer actos vandálicos durante los 11 días de protestas en el país.

Tras la diligencia, el abogado de Pabón, Ramiro Aguilar, indicó que se trata de una persecución política y que por eso el fiscal no tiene los suficientes indicios para demostrar que su cliente cometió ese delito y aseguró que solo presentó ante el magistrado chats de Whatsapp, sobre “conversaciones de carácter político”. “No se puede comprobar una rebelión a través de mensajes de una red social”, indicó.

La Fiscalía presentó ayer 15 de octubre del 2019 ante el magistrado las evidencias incautadas durante ocho allanamientos a los domicilios de los procesados, que la Policía realizó la madrugada del lunes 14 de octubre.

Por ejemplo, se decomisaron equipos tecnológicos, teléfonos, sustancias sujetas a fiscalización y documentos, tarjetas de crédito, panfletos, bandera y materiales que habrían sido utilizados en las manifestaciones.

Además, los agentes hicieron un operativo en la sede de un partido político. Allí se incautaron de cinco laptops, dos CPU y dos celulares.

El mismo día de los allanamientos, los tres fueron detenidos y trasladados a la Unidad de Flagrancia, en Quito.

Según el Ministerio de Gobierno, en todas las protestas se reportaron 1 330 personas aprehendidas por los agentes.

Los agentes realizaron otros allanamientos en el domicilio del exasambleísta Virgilio Hernández. Allí encontraron dinero en efectivo (dólares y en euros), dispositivos electrónicos, banderas y otros elementos. Sobre él pesa una orden de captura.

Ayer 15 de octubre se efectuó otro operativo en la casa del esposo de la asambleísta Gabriela Rivadeneira, donde se encontró una caja fuerte, libreta de ahorros que detallaba pagos al ‘señor presidente’, libretas de notas de pagos, dispositivos electrónicos y material electoral.

De hecho, el sábado se conoció que la legisladora Rivadeneira recibió protección y resguardo en la Embajada de México en Ecuador.

Dos días después se supo que los legisladores Luis Fernando Molina, Soledad Buendía y Carlos Viteri se encuentran en el mismo lugar.

El parlamentario Cristóbal Lloret indicó que la bancada correísta se reunió y llegó a la conclusión de que existe una persecución en contra de quienes siguen esa línea política.

Además señaló que los legisladores pidieron protección a esa nación para “precautelar su integridad”, pues aseguró que fueron víctimas de amenazas a través de mensajes de texto, seguimientos e incluso dijo que fueron fotografiados al interior de sus viviendas.

El abogado de Pabón apeló oralmente a la prisión preventiva y en los próximos días presentará un pedido de habeas corpus. Tras finalizar la audiencia de ayer, la Prefecta de Pichincha y los otros dos procesados salieron por el parqueadero de la Corte Provincial, en tres patrulleros.

La defensa aseguró que durante el proceso legal presentará todas las pruebas y documentos del caso, que demuestren la inocencia de la funcionaria, pues manifestó que en ningún momento ha cometido ilícito alguno.

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