Gutemberg Vera (c) junto a su hijo Alembert (der.), en la rueda de prensa del 15 de marzo. Foto: API
Los cuatro informes están compilados en más de 500 páginas. En los reportes, el equipo de auditoría de TC Televisión revela pagos aparentemente irregulares y pérdidas registradas en la anterior administración. Todo fue entregado a la Contraloría, para su análisis.
El informe más extenso está relacionado con dos contratos suscritos entre el canal y el abogado Gutemberg Vera, por asesorías jurídicas.
TC se comprometió a pagarle USD 100 000 por el primer acuerdo, firmado el 6 de diciembre del 2010. Y otros 200 000 por un segundo convenio, el 8 de septiembre del 2015.
En los contratos, además, se incluyó una cláusula denominada ‘Honorarios y forma de pago’. Allí se establece que la estación de TV podía entregar sus bienes como parte de pago.
Sin embargo, para ejecutar esa cláusula, la Gerencia General debía solicitar la autorización de la junta de accionistas.
El 17 de diciembre del 2015, el entonces Gerente General convocó a los accionistas para reformar el estatuto de la compañía. Tras la reunión se le otorgó “la facultad de enajenar, sin limitación alguna, bienes muebles e inmuebles de la empresa, de forma permanente”.
Una vez que se logró esa modificación legal, TC transfirió tres departamentos, ubicados en Quito y en Guayaquil, para cancelar las asesorías a Vera, exabogado de Rafael Correa.
Sobre estos hechos, el equipo de auditores del canal advirtió en sus informes que esa reforma debía darse antes de la suscripción de los contratos y no después, como ocurrió. Además, aseguró que “no se evidencia ni existe” una pericia “objetiva que puede valorar de manera sustentada el precio de los bienes ofrecidos sin autorización” al abogado.
Es decir, no se conoce si los departamentos entregados guardan relación con los montos pactados en los contratos.
El jueves 15 de marzo del 2018, Vera habló desde Guayaquil y se declaró “perseguido político” del actual Gobierno. Admitió que asesoró legalmente al canal, pero dijo que los informes entregados el martes en la Contraloría tienen “varias inobservancias”.
Según los informes presentados en el organismo de control, el contrato suscrito por USD 100 000 fue para que Vera redactara un documento relacionado con la transmisión de partidos de un club de fútbol.
Los otros 200 000, en cambio, se destinaron a la defensa del canal por una demanda de un productor, por posible violación de derechos de autor.
El jueves, Vera recordó que ganó ese litigio y evitó que la estación de televisión pagara USD 20 millones al productor.
En el informe también se advierte que los dos contratos suscritos con el abogado prohibían ceder las “obligaciones y derechos” a terceros. Sin embargo, eso se incumplió, según los auditores, y Vera incluyó a su hijo como beneficiario legal de los tres departamentos.
“Pasan por alto que mis contratos ya fueron analizados por la Contraloría y no estableció absolutamente nada”, dijo ayer Vera, acompañado de su hijo.
Además, el jurista indicó que presentará una denuncia penal por presunto “daño moral” y que uno de los departamentos que recibió vale menos de lo que en realidad debía recibir.
Hay otros tres informes
Pero la entrega de bienes también se aplicó con otros contratos. A un productor le consignaron un departamento valorado en USD 63 000 para saldar deudas pendientes.
Este empresario suscribió numerosos acuerdos entre el 2013 y 2017 por el alquiler de equipos móviles para la transmisión de partidos de fútbol; asesorías de producción televisiva para la campaña electoral del 2013 y 2014 y por transmisiones de ferias o eventos públicos gubernamentales.
Por todos estos servicios, el canal se comprometió a pagar USD 2,2 millones al productor.
En el informe sobre estos contratos, los auditores mencionan que se “inobservaron las normas y procedimientos internos” debido a que dispusieron de bienes del canal. Y tampoco hubo una pericia para determinar el valor real del departamento consignado.
Estas aparentes irregularidades también se identificaron en un tercer informe, en el que se analizaron contratos suscritos con una compañía que prestaba servicios de seguridad privada a las instalaciones del canal en Quito y Guayaquil.
Los auditores detectaron que la anterior administración de TC entregó un automóvil de alta gama a la empresa de seguridad para liquidar deudas por USD 121 000.
El cuarto informe está relacionado con las pérdidas que registró el canal por la transmisión del programa denominado ‘Es de Justicia’. Este espacio se emitió entre el 2013 y 2018, todos los domingos.
Los auditores establecieron que, en ese tiempo, el programa reportó pérdidas por USD 218 946, debido a la baja audiencia. En esa cifra se incluyen costos de programación, gastos de transmisión, de operaciones, entre otros rubros.
Durante el análisis se descubrió, además, que “no existe un contrato firmado entre TC y la productora del programa”.
Y dice que el espacio se incluyó en la parrilla del canal por una orden que dio el exgerente general, a través de un correo electrónico enviado por su asistente, el 9 de julio del 2013. En el e-mail se pedía la transmisión del programa a partir del 14 de julio de ese año.
Este espacio dejó de transmitirse este año.
