Las lanzas de 3 m atravesaron a tres miembros de la familia Duche-Zavala. La madre junto a sus dos hijos fueron hallados sin vida en la comunidad Los Reyes, en la parroquia de Dayuma (Orellana), el 10 de agosto de 2009. Un bebé de seis meses de nacido fue secuestrado por los agresores y encontrado con vida dos días después.
El padre afectado pidió a las autoridades que el crimen fuera investigado. En ese entonces, las evidencias apuntaban a miembros que supuestamente pertenecían a la comunidad Taromenane. El caso quedó impune.
Así lo recordó el fiscal general Galo Chiriboga el viernes, en el edificio de la Prefectura de Orellana, durante la presentación del Plan de Seguridad Ciudadana. La iniciativa es una propuesta del Gobierno de la Provincia, a cargo de la Prefectura. Chiriboga dijo que el caso Duche se reabrirá. “Desde el 2009 está abandonado. Posiblemente se detuvo la indagación previa porque la familia era de escasos recursos”.
El Fiscal explicó que peritos analizaron las lanzas y se determinarán su naturaleza. Esos elementos técnicos permitirán avanzar en la investigación o concluirla. La crítica situación que atraviesa la Fiscalía en la provincia de Orellana se evidenció durante la presentación de Chiriboga.
Citó el caso del atropellamiento de una menor, en el centro de la ciudad. Ocurrió la tarde del viernes y “la Fiscal se demoró tres horas en llegar para hacer el levantamiento del cadáver”, afirmó el funcionario. En Orellana, solo hay cinco fiscales. Pero, según la Fiscalía, se requiere de más funcionarios que se especialicen en determinadas áreas para investigar los distintos tipos de delitos. “(En el Coca) se tiene a un Fiscal de adolescentes infractores y solo hay tres peritos acreditados”, afirmó Chiriboga.
En el caso de los adolescentes, según la Policía, hay menores que conforman grupos que se dedican al robo de motocicletas (ver recuadro). Claudio Guerra, comandante de Policía de Orellana, explicó que frecuentemente se detienen a estos grupos. “Hemos recuperado 800 motos y están en los patios de retención”.
El Coca no tiene un centro de rehabilitación de adolescentes, por lo que deben ser trasladados a Quito y otros sitios. A más de ello, Chiriboga hizo un recuento de otras deficiencias. Dijo que no está implementado el servicio de atención integral, hay dos vehículos en la Fiscalía y que las investigaciones “no tienen un rigor técnico ni científico”. Además, las víctimas de los delitos son revictimizadas porque no hay un sistema de identificación adecuado.
Para evitarlo, la Fiscalía implementará la Cámara de Gesell. Esta permite, en el caso de abuso sexual, identificar al agresor sin que la víctima tenga un contacto.
Según el plan, en tres años la Fiscalía General tiene prevista la construcción de Unidades de Vigilancia Comunitaria (UVC), en tres cantones de la provincia: en el Coca (2013), en Joya de los Sachas (2014) y en Aguarico (2017). Las UVC reunirán al Ministerio del Interior, Consejo de la Judicatura, Fiscalía y Municipio.