La Corte Provincial de Sucumbíos acogió ayer la solicitud del fiscal provincial, Nelson Guamán y ratificó la orden de prisión en contra del ex ministro de Defensa y actual candidato presidencial de Colombia, Juan Manuel Santos.
La Justicia de Sucumbíos investiga desde mediados del 2009 a Santos y a cuatro generales de ese país por las 25 muertes que dejó el bombardeo de las FF.AA. de Colombia en Angostura, el 1 de marzo del 2008. Entre los muertos estuvieron el líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Raúl Reyes, y el ecuatoriano Franklin Aisalla.
Ayer, la Corte ratificó la orden de prisión, tras rechazar la apelación presentada por Walter Lombeida, defensor público del candidato oficialista de Colombia. Con ese recurso se pretendía suspender la audiencia de formulación de cargos. El fiscal Nelson Guamán anunció que, a través de la Cancillería ecuatoriana, insistirá ante la Corte Nacional de Justicia (CNJ) para que se tramite la extradición de Santos.
La decisión de la Corte provincial llega días después de que Santos dijera sentirse orgulloso del ataque a Angostura.
El 29 de junio pasado, la Justicia ordenó la detención de Santos, pero el 25 de febrero último él fue sobreseído. La Fiscalía presentó una apelación y el 7 de abril el Tribunal Penal de Sucumbíos resolvió declarar la nulidad parcial del proceso a partir de la foja 2 290. Con ello, la orden de prisión volvió a tener vigencia.
La defensa de Santos apeló y ayer la Corte ratificó el estatus judicial del ex Ministro de Defensa del vecino país.
La Cancillería colombiana emitió la tarde de ayer un comunicado con tres puntos. Dijo que la decisión de la Corte “no contribuye al proceso de normalización de las relaciones diplomáticas que se viene adelantando entre los dos países”.
También manifestó no reconocer “la jurisdicción extraterritorial de la justicia ecuatoriana para investigar y juzgar a funcionarios y ex funcionarios colombianos”.
En tercer lugar, en el comunicado la Cancillería, se señaló que Colombia “defenderá con todos los instrumentos a su alcance a todos funcionarios y ex funcionarios colombianos frente a circunstancias de esta naturaleza”.