El juez XVIII de Garantías Penales del cantón Durán (Guayas), Franklin Ortiz, dispuso esta mañana prisión preventiva para tres de los cuatro imputados por el asalto a Isabel A, una de los cinco fiscales de Durán.
La funcionaria fue asaltada en el interior de su vivienda, un exclusivo conjunto habitacional cerrado, ubicado en la urbanización privada Ciudad Celeste, en la vía a Samborondón. Según la versión de la funcionaria, tres desconocidos ingresaron aproximadamente a las 07:30 de ayer a su vivienda, mientras ella y su esposo se hallaban en la alcoba.
La pareja permaneció maniatada, mientras los asaltantes se sustraían dinero, joyas y equipos electrónicos valorados en USD 70 000. Los asaltantes huyeron en un vehículo Hyundai Tucson, de propiedad de la pareja. Pero en su escape el auto se bloqueó y los asaltantes huyeron por uno de los linderos de la urbanización.
Esta mañana, durante la audiencia de formulación de cargos, la Fiscal detalló al juez cómo se registró el robo. En su versión, la funcionaria reiteró su acusación contra sus dos empleadas domésticas. “Cuando ingresaron los hombres armados, ninguna de las dos mostraron señales de pánico”, relató.
La audiencia inició a las 09:36 y se prolongó hasta las 11:00. El fiscal de Samborondón, René Astudillo, a cargo del caso, pidió la prisión preventiva, para motivos de investigación, para las empleadas domésticas Piedad J., y su hija Elisabeth C., y para los guardias de conjunto residencial Juan A., y Segundo C.A. El Fiscal los acusó de complicidad por el delito de robo calificado.
El juez, sin embargo, dispuso la prisión preventiva solo para tres de ellos, para Piedad J., y los dos guardias. Además, ordenó el arresto domiciliario para la hija de la primera, por considerar que se halla en gestación.
Ayer, durante una serie de allanamientos, la Policía encontró en la vivienda de John L. presunto conviviente de Elisabeth C., una cartuchera y 12 balas. Según el Fiscal, por ello también se solicitó la detención del ocupante de la vivienda, quien hasta este mediodía se hallaba prófugo.
El fiscal Astudillo argumentó en la audiencia de esta mañana que los guardias de la garita no cumplieron con su deber de controlar el ingreso de personas ajenas al conjunto residencial. En respuesta, el defensor público de estos, William Orellana, manifestó que ellos no debían estar allí ese día. “No estaban asignados para hacer guardia ese día, sino que por falta de dos guardias, su supervisor los delegó”.
La Policía está tras la pista del ocupante de la vivienda allanada ayer y de otras dos personas, señaladas por el Fiscal como presuntos autores materiales e intelectuales del robo.