Los comuneros de Bajada de Chanduy, en Santa Elena, mostraron su oposición a la construcción de la nueva cárcel, según expresaron la mañana de este jueves 27 de junio de 2024.
El 21 de junio, el presidente Daniel Noboa anunció la construcción de la “Cárcel del Encuentro”, una cárcel de máxima seguridad en la localidad de Juntas del Pacífico, en la provincia costera.
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Esta cárcel tendrá un costo de 52 millones de dólares y tendrá capacidad para 880 presos, según los datos que reveló el Gobierno.
La nueva cárcel, señaló la Presidencia de Daniel Noboa, contará con tecnología e infraestructura de vanguardia, incluyendo el uso de Inteligencia Artificial.
Además, del monitoreo permanente y el uso de biométricos para garantizar la seguridad del personal y los mismos presos.
El proceso precontractual y contractual de la nueva cárcel fue declarado reservado, se desarrolla en régimen especial y, de los pocos documentos que se hicieron públicos, se invitó a una empresa mixta extranjera para su ejecución.
La construcción de la nueva cárcel tiene que terminar alrededor de abril de 2025, ya que, el plazo de construcción es de 300 días.
Razones para la oposición a la construcción de la nueva cárcel
Los comuneros de Bajada de Chanduy, en Santa Elena, señalaron que la construcción de la nueva cárcel es inconsulta y existen riesgos ambientales y arqueológicos.
El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), organización que acompaña a los comuneros en las acciones de oposición, señala que la construcción se realizará en tierras ancestrales indígenas.
Los comuneros y el Comité señalan que esas tierras se encuentran dentro del bosque del predio La Envidia, un ecosistema primario que alberga árboles de más de 100 años de existencia.
“Las y los comuneros dueños de los terrenos han protegido y mantenido ese bosque de generación en generación”, señalaron.
“En la zona, se constata la presencia de una vasta flora y fauna, así como existencias de restos arqueológicos pertenecientes a culturas ancestrales de la Costa”, agregaron.
Los comuneros informan que, desde hace más de tres semanas, militares han acudido a las tierras ancestrales a instalar señalética de puntos georeferenciados.
Construcción de nueva cárcel sin consulta previa ni información
Los comuneros y el Comité insisten en que el proyecto se desarrolla incumpliendo el debido proceso y vulnerando los derechos colectivos de la Comuna Ancestral Indígena Bajada de Chanduy.
Explican que esta vulneración se da porque no se ha realizado la consulta previa, libre e informada, tampoco existe acceso a la información.
La Comuna Bajada de Chanduy ingresó al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y al Servicio
Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes
Infractores (SNAI) peticiones de información.
De los resultados que obtuvieron, los comuneros señalan que no existirían informes de impacto ambiental ni restos arqueológicos de culturas costeñas.
Además, que la adjudicación realizada por el MAG al SNAI se habría hecho sobre otra adjudicación previa.
El Municipio de Santa Elena habría emitido negativa para catastrar, debiendo, de oficio, el propio MAG emitir otra adjudicación sobre otro terreno.
Esta irregularidad determinaría un estudio técnico erróneo.
Las autoridades gubernamentales aún no han respondido a estos argumentos de los comuneros para evitar la construcción de la nueva cárcel en Juntas del Pacífico, en Santa Elena.