Los dos agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) abrieron la tapa de la alcantarilla e ingresaron. Sus compañeros veían cómo entraban al agujero que da a la puerta principal del ex penal García Moreno ubicado en el Centro Histórico de Quito.
¿Qué hay? ¿Qué viste? preguntaban a los uniformados, que con trajes elásticos de buzos, inspeccionaban las tuberías. “Solo se ve tierra. Pásennos una cámara con flash para tomar una fotografía”, respondió un buzo.
Luego de 15 minutos, los uniformados salieron de la alcantarilla y se negaron a hablar de lo que hacían. “Se trata de un operativo de vigilancia y rutina. Los realizamos para comprobar que nada ilícito ocurre en el ex penal García Moreno”, sostuvo Juan Zapata, jefe operativo policial del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ).
La inspección fue realizada en el interior y en las afueras del centro de rehabilitación social, a las 20:15 de este lunes. Cerca de 130 policías de los grupos de élite de la Policía Nacional, quienes en su mayoría estaban armados con fusiles y vestían chalecos antibalas, trajes de camuflaje y cascos, participaron en la incursión.
Esta llamó la atención de los moradores del sector, quienes se acercaban a observar lo que sucedía en los alrededores de las alcantarillas. “Circulen señores. Niños, por favor, manténganse alejados de este lugar”, les decía un agente que se encontraba allí.
Zapata, junto al fiscal de la Unidad de Delitos Flagrantes, Pablo Santos, y otros oficiales del Regimiento Quito Nº 1 inspeccionaban los exteriores del centro carcelario. En la intersección de las calles Bolívar y Rocafuerte, los oficiales señalaban hacia las zonas altas del ex penal y hablaban en voz baja. Entre los policías que los seguían murmuraban sobre la existencia de un posible túnel.
Con una linterna, los policías también revisaron el interior de un quiosco metálico, ubicado junto a una escuela de la calle Rocafuerte. “Parece que se escucha algo por acá”, señaló un policía. En ese momento abrieron otra alcantarilla de la zona para revisarla.
Los periodistas no fueron alertados de que se realizaría el operativo en la prisión, como ocurre en otras ocasiones. De hecho, en una incursión realizada a finales de agosto, la Policía encontró 200 gramos de marihuana.
En esta participaron 622 uniformados y también se decomisaron 22 celulares, 20 cargadores, tres martillos, seis pipas artesanales, 34 armas cortopunzantes, ocho chips, un galón de alcohol artesanal y ocho sobres con una sustancia blanca. “En esta inspección se encontró una menor cantidad de drogas que otras veces”, señaló uno de los agentes.
En aquella ocasión, ningún oficial o personal de tropa salió a inspeccionar con linternas en las inmediaciones del centro de rehabilitación social, tampoco ingresaron a las alcantarillas para ver si había algo en el interior de estas.
¿Hubo la alerta de que un túnel fue construido dentro del ex penal? El fiscal Santos indicó que el operativo era de rutina “para descartar cierta información que había”. “Dentro del trabajo de rutina que se realiza hay que buscar también (la posibilidad de un túnel)”, señaló el funcionario.
Fuentes de Rehabilitación Social señalaron ayer que la idea era prevenir cualquier problema en lo posterior.
La inspección se realizó en los pabellones A y B del centro de rehabilitación social. El primero es considerado como de máxima seguridad, mientras que el segundo se encuentran los internos que tienen sentencia.
Zapata y Santos descartaron que haya existido un intento de fuga en el ex penal García Moreno. Ambos reiteraron que fue un operativo estrictamente de control y de rutina. También mencionaron que la seguridad del centro de Rehabilitación Social está funcionando correctamente.
Existe polémica frente a la reubicación del centro carcelario. Las intenciones del Gobierno de trasladar a los internos del ex penal García Moreno y de las cárceles de Ambato y Latacunga a la parroquia Poaló (Cotopaxi), acentúan la molestia de la población.
La propuesta del Gobierno de generar 1 200 puestos de empleo, la edificación de una escuela del milenio y dotar de agua potable y alcantarillado y un hospital no convenció a los dirigentes de esta zona, habitada por 6 000 familias dedicadas a la agricultura y a la ganadería.
Según Aníbal Soria, presidente del Frente Social que aglutina a las 21 comunidades de Poaló, “el pueblo no quiere una cárcel, porque provocará asaltos, robos y crímenes”. “Los familiares de los detenidos vendrán a vivir por estas zonas y causarán daño”. En las últimas semanas hubo enfrentamientos entre comuneros, militares y policías. La gente dijo que no se permitirá la construcción.
El operativo
En la requisa a las celdas de los pabellones se logró decomisar objetos como: serruchos, celulares, manos libres, destornilladores y de cortaúñas.
La incursión concluyó a las 21:10 del lunes. En esta intervinieron uniformados del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), Grupo de Operaciones Especiales (GOE) y del Compañía de Mantenimiento del Orden (CMO).
Más de tres canes de Antinarcóticos ingresaron a las instalaciones del centro carcelario.