El fiscal Iván Garzón, encargado de las investigaciones del supuesto peculado en la construcción del proyecto Hidroeléctrico San Francisco, se abstuvo ayer de acusar a los 29 implicados.
Ellos son funcionarios de Odebrecht e Hidropastaza que trabajaron en la construcción de esa obra.Ayer a las 09:00, en la audiencia que se realizó en la Corte Nacional de Justicia de Tungurahua, se emitió el dictamen fiscal una vez terminada la indagación. Garzón dijo que no hay elementos para enjuiciar a los imputados por el delito de peculado.Sin embargo, Yolanda Ramos, jueza primera de Garantías Penales, dijo que cuando el Fiscal estima que no hay méritos para promover juicio contra los procesados, y si se trata de un delito sancionado con pena de reclusión mayor extraordinaria o especial, debe elevar la consulta al Fiscal del Distrito de Tungurahua.
El objetivo es que este ratifique o revoque el dictamen de abstención formulado en la audiencia por Garzón. “Una vez que llegue el dictamen del Fiscal Provincial se reinstalará nuevamente la audiencia para conocer el auto que se dictará en la presente causa”.
En la audiencia, Garzón dijo que durante la investigación, por supuesto enriquecimiento ilícito en la construcción de San Francisco, no se hallaron pruebas convincentes contra los imputados. Tampoco se comprobó un incremento de sus bienes en las cuentas bancarias, registros de la propiedad y otras instituciones.
Garzón dijo que en el informe de la Contraloría, al referirse a la obra construida por el Consorcio Odebrecht, Alstom y Andritz (exVatech), se detectaron 17 fallas en el túnel de 11 km y en las turbinas. Esto paralizó la generación de energía en junio del 2008.
Según la Contraloría, el país perdió USD 181 941 diarios durante la reparación de la planta que duró cuatro meses . Pero Garzón presentó los documentos de descargo entregados por los abogados defensores de los acusados. Esos archivos certifican la calidad de las obra en la edificación de San Francisco y que fueron fiscalizadas por la Asociación Furnas Integral. “Cada glosa que encontró la Contraloría en el proyecto San Francisco fue descartada”, señaló Garzón.
Gustavo García, abogado defensor de Víctor Jácome (uno de los técnicos acusados), dijo que desde el inicio sabían que no era un asunto de orden penal.
“La administración de justicia armó un circo. Este asunto se promocionó en forma malsana”. A las 13:00, la audiencia entró en receso y se instaló a las 14:45. Ramos dijo que esperará la resolución del Fiscal Provincial para convocar a una nueva audiencia.
La Contraloría publicó su fallo
La Contraloría General del Estado difundió ayer el desvanecimiento de ocho glosas determinadas contra Odebrecht, entre julio del 2009 y febrero del 2010, por USD 70,7 millones en perjuicios contra el Estado.
Mediante un comunicado publicado ayer en este Diario, el ente de control especificó el motivo de cada una de las glosas y por qué las dejó sin efecto.
Entre las glosas se destacan los perjuicios determinados contra el Estado por los daños en los rodetes de la central San Francisco, el sistema de enfriamiento y el túnel de conducción del agua.
También, el lucro cesante de la planta, el bono por entrega anticipada de obras y el costo de recuperar un topo de excavación, el cual fue asumido por el Estado.
Para justificar el desvanecimiento, la Contraloría asumió como válidos los argumentos que Odebrecht presentó en cada glosa, así como el convenio firmado en julio pasado entre el Gobierno y la empresa para la reparación de la central hidroeléctrica.
La entidad solo confirmó una glosa por USD 32 millones contra la firma brasileña, monto que se entregó por el diferencial cambiario entre el real y el dólar pese a que en el contrato era el dólar.