El discurso del 12 de noviembre es una pista de lo que se viene para la Policía. Esa mañana, durante el ascenso de cuatro nuevos generales, el presidente de la República Rafael Correa tuvo palabras de elogio para el oficial que ostenta la primera antiguedad de uniformados: Patricio Franco.“Comandó con mucha prudencia y profesionalismo una protesta basada en falsedades y que dejó 40 compatriotas (policías) heridos”, enfatizó un emocionado Correa. En noviembre aún había conmoción por la muerte del profesor shuar Bosco Wizuma.
El docente cayó el 29 de septiembre, tras recibir un impacto de perdigón. Ocurrió cuando la Policía trataba de desalojar a manifestantes indígenas que protestaban contra la Ley Minera, en el puente sobre el río Upano (Morona Santiago). Los dirigentes de la etnia shuar sostienen que el perdigón provino de un arma policial, en un violento enfrentamiento entre comuneros y uniformados comandados por Franco.
Desde el viernes, luego de la insubordinación armada, Franco, de 51 años, es el nuevo comandante de la Policía Nacional.
Reemplaza a Freddy Martínez, quien fue comandante desde abril del 2009. El relevo se produjo luego de que el jueves, en medio una protesta en el Regimiento Quito 1, decenas de policías desconocieran el mando de Martínez y pusieran en riesgo la vida del presidente Correa.
Según los uniformados, Martínez dejó de representarlos al supuestamente no defenderlos en el proceso de reforma policial emprendido por el Régimen. La modernización de la Policía, que en una primera fase incluyó la adquisición de equipos (30 610 pistolas automáticas Glock, 27 000 chalecos antibalas, etc.), se había extendido a un proceso de depuración interna, para sancionar o dar de baja a los policías que incurran en delitos o en abusos a los derechos humanos de la gente.
Entre enero del 2007 y agosto del 2010, se realizaron 503 Tribunales de Disciplina en Asuntos Internos, en donde fueron procesados 691 uniformados. De ellos, 367 fueron dados de baja, 171 arrestados, 85 absueltos y 68 sancionados con castigos leves.
El proyecto contempla, además, la creación de un nuevo sistema de recopilación de información a escala nacional. Con este nuevo formato se han registrado más de 1 500 casos de presunto abuso policial.
El proceso de depuración no ha sido visto con buenos ojos por los policías. Estos, además, arrastraban desde el 2008 una insatisfacción económica: la homologación salarial para capitanes, mayores, suboficiales primeros y suboficiales mayores. Ellos sostienen que no existe mayor diferencia económica entre uno y otro rangos. El veto a la Ley Orgánica de Servicio Público, que el miércoles reformó las condecoraciones para policías y militares, fue un detonante para la protesta.
Franco, quien se desempeñaba como director de Educación de la Policía y desde ahí se ganó la confianza del Ejecutivo al ceñirse al plan de reforma de la formación policial (gratuita, con un direccionamiento hacia la ciudadanía), afronta el reto de cerrar las heridas internas. Más aún cuando la protesta dejó dos policías caídos: Froilán Jiménez, miembro del GIR que murió al custodiar a Rafael Correa durante su salida del Hospital de la Policía, y Efrén Calderón, quien falleció en un incidente con militares en el centro de Quito, también el jueves.
Las sanciones para los responsables de la insubordinación aún no se definen. Por lo pronto, tres coroneles, Manuel R., Julio C. y Marcelo E., quienes estuvieron al mando del Regimiento Quito 1, han sido enjuiciados por presunto intento de asesinato al Jefe de Estado. El juez vigésimo primero de lo Penal de Pichincha, Santiago Coba, no ha dispuesto su prisión, pero sí que se presenten a su judicatura cada 15 días.
El 12 de noviembre, al ascender a Franco, Correa estuvo molesto con los policías en retiro que tres días antes habían llegado a Carondelet para reclamar por la homologación salarial. Los acusó de haber entorpecido la ceremonia de ascenso del ahora Comandante de Policía.