Este mes era clave para la Judicatura. Debía comenzar a operar El Pedregal, el complejo judicial más grande de Quito. Pero pese a los anuncios que desde octubre difundió el Consejo de la Judicatura de Transición (CJT) la obra está parada. La suspendió el comisario municipal del sector Laderas del Pichincha, Juan Carlos Paredes, el 21 de noviembre pasado, y la medida podría durar hasta el 21 de diciembre.
En un comunicado que el 1 de octubre difundió el Consejo de la Judicatura, se señaló que El Pedregal comenzará a funcionar en diciembre. Algo similar se indicó en otro documento difundido dos semanas después. Por esos días, los juzgados civiles del I al IX comenzaron a mudarse al edificio Shyris, ubicado en la calle El Telégrafo, entre Shyris y av. 6 de Diciembre. En cambio, los juzgados del X al XIII y del XX al XXV se fueron al edificio Pan Francés (calle Ramírez Dávalos y av. 10 de Agosto). En sus comunicados, la Judicatura aseguraba que los traslados serán provisionales y que luego los jueces tendrán oficinas fijas en un área de 3,5 hectáreas ubicada en la zona norte de Quito.
No obstante, hasta el miércoles, la Judicatura -que termina sus funciones el 26 de enero- no había informado cuándo se contará con el nuevo complejo Judicial. Mientras aquello no se concrete, las oficinas judiciales seguirán atendiendo en cuatro puntos.
Juzgados como De la Niñez y Tránsito son los únicos que aún permanecen en el Palacio de Justicia, aunque la mudanza originó el derrocamiento de paredes y de sanitarios destinados al público. Los dos baños que había están llenos de escombros y sin puertas. Estas fueron retiradas cuando se removieron las paredes en las que sostenían los casilleros judiciales.
En las oficinas temporales también se registran inconvenientes. Por ejemplo, en el edificio Pan Francés, donde funcionan los juzgados civiles, el ascensor está dañado. Los usuarios utilizan las gradas para subir y bajar cinco pisos. Incluso hay casos de personas con niños en brazos. En cambio, en el edificio de la calle El Telégrafo hay aglomeración de usuarios.
El 8 de octubre, cuando se anunció el traslado de las oficinas a esos puntos provisionales, la vocal de la Judicatura Tania Arias incluso aseguró que hay “un compromiso” con la Asamblea Nacional para que los judiciales desocupen el Palacio de Justicia de forma paulatina, y que eso se concretará“totalmente hasta diciembre”. Ese edificio fue adquirido por la Legislatura un año antes, el 21 de noviembre del 2011.
La edificación de 5 400 m² costó USD 4,2 millones. El día en que se concretó la negociación, Paulo Rodríguez, presidente de la Judicatura Transitoria, explicó que para los funcionarios judiciales “se construirá un edificio totalmente moderno en la avenida Naciones Unidas y Veracruz”. Pero de ese proyecto no se ha dado mucho detalle hasta ahora.
Cinco meses después de ese anuncio, la Judicatura reveló la creación de “un nuevo complejo judicial para el norte de Quito”. Se refería a El Pedregal. En otro comunicado se indica que esa obra costará USD 17, 1 millones. En el momento, ese edificio se encuentra en obra negra. Desde que el comisario Paredes suspendió los trabajos solo se ven andamios y madera amontonada junto una estructura de 16 384 m² que ya existía desde el 2008. En otra área los muros quedaron a medio construir. En el momento en que el comisario Paredes intervino en el lugar, dijo que las medidas se tomaron con base en una inspección realizada por la Agencia Metropolitana de Control. En el informe AMC-UTCC-12-2622 se detalló que la obra no tenía un estudio de impacto relacionado a la circulación de tráfico en las vías aledañas, permiso de ocupación por los Bomberos, registro de planos arquitectónicos, etc.
“En el proceso administrativo en contra de la Judicatura, Paredes pidió que se le conteste las razones por las que incumplió con los procedimientos municipales. Según el comisario, el CJT señaló que se amparó en la declaratoria de emergencia de la Función Judicial. Como argumentos aseguró que el CJT debía atender la “inminente conmoción interna”, por la falta de acceso a la justicia.
Infraestructura civil
El 21 de noviembre, e l comisario municipal del sector Laderas del Pichincha, Juan Carlos Paredes, suspendió la construcción en El Pedregal, que actualmente se encuentra en obra negra.
Cuando finalice el proceso administrativo en contra de la Judicatura, se conocerá el destino del edificio. Mientra tanto, las oficinas judiciales seguirán atendiendo en puntos provisionales.
La Judicatura anunció, en junio pasado, que en Quitumbe (sur de Quito) también se construirá otro complejo judicial y que este costará USD 11,5 millones.
En ese mes se dijo además que hasta ese momento en Pichincha se había invertido USD 42,9 millones en infraestructura civil.