Un día después de que el Gobierno declare el estado de excepción en la Función Judicial, los vocales del Consejo de la Judicatura Transitorio (CJT) manifestaron que no hay interferencia del Ejecutivo en la justicia.
“Garantizamos la independencia de los jueces”, dijo hoy Paulo Rodríguez, presidente del organismo.
Aún no saben cuánto se invertirá en el estado de excepción que durará 60 días a nivel nacional. Según la disposición, “el Ministerio de Finanzas situará los recursos suficientes para atender la emergencia”. El CJT, en su cuenta de Twitter, agregó que “se invertirán 180 millones hasta fin de año en infraestructura, modelo de gestión”.
En el decreto se exponía la necesidad del estado de excepción para “prevenir una inminente conmoción interna”. El CJT afirmó hoy que sí existe ese riesgo si no se dan cambios en justicia. Para Tania Arias, vocal del organismo, la declaratoria era urgente para la reestructuración.
Ayer, mediante el decreto 872, se declaró además la movilización nacional de todo el personal de la Función Judicial para garantizar el acceso a la justicia de los ciudadanos. Según el CJT, con la emergencia se podrá emplear a funcionarios para que trabajen horas extras y fines de semana.
La emergencia preocupó a los judiciales del país. Jorge Ayala, presidente del gremio en Pichincha, se reunión ayer con autoridades de Judicatura para hablar de declaratoria, tras lo cual dijo que “hay tranquilidad”.
Mientras que en Guayaquil, María Leonor Jiménez, presidenta de la Corte de Guayas, convocó para mañana a una reunión a los jueces para analizar las implicaciones legales del decreto. Consideró que el “estado de excepción anula garantías constitucionales de los judiciales”.