En las calles del Quingue hay frases que advierten las sanciones para quienes ataquen. Foto: EL COMERCIO
Los pobladores del Quingue aún recuerdan el sonido de los disparos. Era abril del 2017 y la gente de esta pequeña localidad, ubicada al sur de Esmeraldas, empezó a ser perseguida y amenazada por narcos.
Los mafiosos llegaban armados en las madrugadas. Pateaban las puertas y se metían a las casas. “¿Dónde está la droga?, entréguenmela o aquí se mueren todos”, gritaban, mientras apuntaban con armas a las mujeres, niños y ancianos.
Los pobladores dicen que al inicio no sabían lo que sucedía. Luego se enteraron de que una lancha cargada de droga fue perseguida en el Pacífico y para escapar los sospechosos lanzaron el alcaloide al mar.
Entonces, la corriente arrastró los paquetes hasta el puerto del Quingue. Allí, los residentes tomaron y ocultaron el narcótico. “Esa fue nuestra desgracia”, relata un hombre que vive 12 años en el sector.
Las persecuciones y hostigamientos de los narcos duraron cuatro meses. El miedo que tenían los pobladores hizo que algunas familias huyeran de la zona y hasta de la provincia.
Pero los amedrentamientos no pararon. Al contrario, se extendieron a otras poblaciones del sur de Esmeraldas.
En la imagen se observa parte de la pequeña población del Quingue. En abril del 2017, su gente sufrió amenazas y persecuciones. Foto: EL COMERCIO
EL COMERCIO visitó esas localidades y habló con quienes fueron amenazados. En Punta Galera, la gente dice estar vigilada permanentemente por los miembros de las redes dedicadas al narcotráfico.
Ese poblado, de 700 habitantes, tiene salida al Pacífico y cada tarde los pescadores descansan en hamacas frente al mar. Allí, un hombre cuenta que los narcos contratan a personas de otras ciudades para que transporten el alcaloide a la zona costera de Manabí.
Inteligencia policial confirma estos datos y revela que ya han rastreado a los sospechosos. Los agentes saben que son bandas delictivas que operaban en Manabí y Santo Domingo, y que ahora se trasladaron al sur de Esmeraldas para colaborar con las redes internacionales del narcotráfico.
Pero estos grupos ilegales no solo transportan los cargamentos, sino que buscan zonas para acopiarlos. Para eso se apropian o invaden tierras cercanas al mar o a una carretera que conecta a todas las poblaciones. Los armados llegan y les dicen que necesitan parte de sus tierras. Sacan las armas y les dan dos opciones a los pobladores: quedarse o irse. En los dos casos les advierten que no pueden decir nada a nadie, si no los amenazan de muerte.
Por eso, ni la Policía ni la Armada tiene denuncias planteadas formalmente. Lo que conocen es que en esos sectores, las mafias sí tienen montadas redes de colaboradores.
En mayo pasado, la Policía capturó a un hombre en una finca de Punta Galera. En su vehículo tenía un paquete de droga. Luego delató que todo el cargamento estaba en otra propiedad, ubicada en Estero de Plátano, otra población a las orillas del Pacífico. En total, los agentes se incautaron de 24,3 kilos de cocaína que iban a ser enviados a Centroamérica.
El jueves, en ese pequeño poblado caía una leve llovizna. En la playa, dos surfistas aprovechaban las olas, mientras que otras personas comían en un pequeño restaurante. Allí la gente asegura que el turismo es su principal sustento y por eso piden más seguridad.
La misma preocupación tienen en el Quingue y en Cabo San Francisco. En los últimos dos años, en la vía que conecta a las dos poblaciones se han registrado asaltos a vehículos.
Los policías advierten que detrás de estos hechos está la red de colaboradores de las mafias. La idea es que todo el corredor vial que antiguamente unía a Tonchigüe con Muisne permanezca vacío, para poder operan, tomarse las tierras y acopiar la droga.
“A los narcos no les conviene que el turismo llegue a estas poblaciones, pues se develaría lo que ocurre, por eso envían a su gente a que asalten. Los únicos perjudicados somos nosotros”, dice una mujer que por temor no revela su nombre.
En las paredes del Quingue, la gente pintó frases como esta: “si amenazas, atacas o si robas a mano armada tienes 6 años de cárcel por intimidación o intento de asesinato”.
En Cabo San Francisco, en cambio, los campesinos, líderes sociales, agricultores y la red de turismo hicieron una denuncia pública en julio. A través de un documento manifestaron su preocupación por “el crecimiento del tráfico de sustancias” en esa zona y por la afectación en sus jóvenes.
Allí, un dirigente también ha sido indagado por alcaloides.
Él admite ese proceso, pero asegura que la justicia le declaró inocente. “La droga no era mía. Era de un joven que me pidió un aventón. Yo le dije que bueno y en el camino la Policía nos paró”. Ahora, el chico se encuentra arrestado.