La indagación previa por la muerte de Enrique Suárez cumplirá un año. El estudiante de 15 años fue encontrado en el fondo de la piscina de un colegio público de Guayaquil, en la mañana del 13 de mayo del año pasado.
Según las primeras indagaciones, él habría fallecido unas 20 horas antes de su hallazgo. La piscina está separada del resto del plantel por un camino cubierto de maleza. Una alambrada corroída es la única barrera que separa esa área del exterior.
Según Criminalística, la mochila del menor contenía sus zapatos y su uniforme. Las versiones de las autoridades del colegio indicaron que el estudiante de cuarto año de Bachillerato cumplía con sus prácticas de natación como parte de la materia de cultura física.
Los familiares de Suárez rehúsan la hipótesis de su ahogamiento accidental. Felícita Vargas, madre del colegial, considera que su hijo fue golpeado y lanzado al agua. “Mi muchacho sabía nadar, y no era la primera vez que se metía a la piscina del colegio”.
La Fiscalía determinó inconsistencias en las versiones de las autoridades del plantel. Esto en cuanto a las circunstancias en que se habría registrado el hecho. No se explicó, por ejemplo, por qué el profesor que dirigía la práctica en la piscina no evidenció, al término de esta, la ausencia del menor, ni por qué no comunicaron a los padres sobre su ausencia en las clases posteriores aquel día. En junio pasado la rectora del colegio, Carmen López, anunció que por disposición ministerial se iniciaría una investigación interna para determinar las responsabilidades en la actuación del docente encargado de impartir cultura física. Además, sostuvo que no posee autoridad para sancionar al profesor.
La familia de Enrique Suárez denunció a las autoridades de aquella institución educativa por supuesta negligencia, al no alertarles de la desaparición de su hijo. La indagación previa que lleva la Fiscalía busca determinar si la muerte del menor fue intencional. Sus padres rechazan la hipótesis de un posible suicidio, atribuido a un cuadro de depresión.
Wilmer, el hermano mayor del fallecido, sostiene que la versión referente a un problema psicológico de Suárez “fue una excusa de las autoridades del plantel para evadir su responsabilidad”.
La supuesta depresión de Suárez, según aquella teoría que apunta a una decisión fatal del menor, se habría ocasionado por una enfermedad diagnosticada a su hermano mellizo. Los dos compartían aulas en el mismo establecimiento. “Ellos eran muy unidos. Lavaban carros para ayudarnos en los gastos del hogar”, dice su hermano.
Pese a la trascendencia que obtuvo el caso en la opinión pública y la “parcial” ayuda que recibió el hermano del occiso por parte del Gobierno para tratarse de un cáncer que padecía, este falleció en noviembre pasado sin conocer a los culpables del hecho. “Danny, nunca se repuso de la muerte de su hermano”, dice la madre.
Durante seis meses el proceso indagatorio estuvo a cargo del entonces fiscal de Personas y Garantías, Jorge Blum hasta su designación como magistrado de la Corte Nacional de Justicia. Entonces el caso pasó a manos de Oswaldo Vera. El homicidio inintencional, está estipulado en el Código Penal como un delito que se sanciona con una pena de tres meses a dos años de reclusión.
Según los allegados al menor el proceso se ha estancado. El ex fiscal Blum solicitó la exhumación del cadáver y llamó a testificar al docente implicado, al inspector general y a la rectora del plantel educativo. Junto a ellos se recabaron las versiones de la madre y cinco hermanos.
En el informe forense de la exhumación se señala que la muerte de Suárez se produjo por asfixia de la sumersión en la piscina.
César Peña, abogado de la familia del estudiante, asegura que ha pedido por 15 ocasiones que se llame a audiencia de formulación de cargos. “Hay los elementos de convicción suficientes sobre las responsabilidades penales de los implicados”, afirma.
El pasado 26 de abril el fiscal Vera solicitó formalmente el inicio de la instrucción fiscal. Esto, a 15 días de que la indagación cumpliera un año desde iniciada. Vera explicó que ofició al juez para que avoque conocimiento, por indicio de responsabilidad penal. En la indagación se vincula, sin embargo, solo al profesor de cultura física, Washington R.
Hasta el pasado viernes, la Corte no sorteaba al juez que conocerá el proceso y proporcionará las acciones necesarias para determinar causas y culpables de este hecho. Peña espera que el Fiscal también vincule a la rectora y al inspector general. “Queremos que se disponga la prisión preventiva contra ellos”, dice.
EL COMERCIO intentó sin éxito obtener una versión de Carmen López, rectora del plantel educativo de la urbe porteña.