El presidente Guillermo Lasso decretó la muerte cruzada, este miércoles 17 de mayo de 2023, por grave crisis política y conmoción interna.
Con esa decisión, el Primer Mandatario disolvió la Asamblea Nacional y él podrá gobernar bajo decreto por seis meses. Lasso señaló que “he decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución que me otorga la facultad de disolver la Asamblea”, señaló Lasso, en cadena nacional.
Además, con ese decreto Lasso solicitó al Consejo Nacional Electoral (CNE) la convocatoria inmediata a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos períodos.
En un plazo máximo de siete días después de la publicación del decreto de disolución, el CNE convocará para una misma fecha a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos períodos.
Hasta la instalación de la Asamblea Nacional, el Presidente de la República podrá, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, expedir decretos y leyes de urgencia económica.
La activación de esta herramienta constitucional se pone en marcha luego de que se cumpliera la primera jornada del juicio político en contra del Jefe de Estado, que cerró con el debate en el Pleno de la Asamblea la noche de ayer (16 de mayo del 2023).
Las implicaciones de la muerte cruzada sobre la ciudadanía
La declaratoria de muerte cruzada no implica la suspensión de derechos ni de servicios públicos como el acceso a justicia, acceso a los sistemas de salud pública y educación, servicios básicos, derecho de libre movilidad o el derecho de libertad de asociación y reunión.
Por ejemplo, el Ministerio de Educación dijo, la mañana de este 17 de mayo del 2023, que las clases presenciales se mantienen con normalidad en el país.
Tras adoptar la muerte cruzada, el presidente Guillermo Lasso también dijo lo siguiente: “El país no se detiene. Los servicios públicos atienden con normalidad. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional continúan con su labor diaria para enfrentar a la delincuencia y al terrorismo. El sector privado tiene todas las garantías para desarrollar sus actividades”.
Además, el ministro del Interior, Juan Zapata, señaló que la muerte cruzada no implica estado de excepción y por lo tanto “no hay restricción de derechos”. El funcionario también indicó que “hasta el momento el país está en calma y sin mayores inconvenientes”.
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