Tras el asesinato al estilo sicariato de Jaime Cabezas González, abogado, político y precandidato a concejal de Ibarra, la alcaldesa de esa ciudad, Andrea Scacco, exigió al Gobierno que asuma su responsabilidad y brinde más seguridad a su cantón.
“¡Nos matan en la calle, nos asaltan en nuestro lugar de trabajo! Ya es hora que la Gobernación a través de la Policía Nacional asuman de manera eficaz su rol de precautelar la seguridad en el cantón”, escribió Scacco en sus redes sociales la noche del miércoles 16 de marzo de 2022, horas después de conocer el crimen contra Cabezas.
La muerte de Cabezas, quien era oriundo de Ibarra, ocurrió aproximadamente a las 19:30 en la calle Julio Zaldumbide y Eusebio Borrero, cerca de las oficinas donde funciona una sede de la Empresa Pública de Movilidad (EPM). El político recibió varios disparos de delincuentes cuando se desplazaba en su vehículo por el centro de la ciudad.
Según información de la Policía, dos hombres que lo seguían en moto le dispararon por tres ocasiones y luego huyeron del lugar del crimen.
Cabezas fue exdirector de la Coordinación Zonal 1 de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARC) que regula y controla las actividades mineras en Buenos Aires. También era miembro del movimiento Avanza y precandidato como concejal urbano para las elecciones del 2023.
En su carta pública la alcaldesa señala que Ibarra nunca ha sido una ciudad violenta, “pero hoy tememos por nuestra vida y la de nuestras familias”.
“Como Administración Municipal hemos invertido miles de dólares en nuevas cámaras de videovigilancia, personal y equipamiento para nuestros Agentes de Control Municipal, pero esto no es suficiente si no existe un compromiso serio y efectivo de la función que debe desempeñar la Gobernación y la Policía Nacional”, sostiene la misiva.
Scacco puso a disposición todo el contingente municipal y exhortó a la Gobernación a mantener operativos permanentes con presencia policial, que sirvan como elementos disuasivos para prevenir el delito que “azota a Ibarra transgrediendo la paz en la que hemos estado acostumbrados a vivir los ibarreños”.