Plataformas de cemento y construcciones metálicas aparecen en medio de la vegetación del cerro de Montecristi, en Manabí. En la cima de la elevación ya se observan esas estructuras. Ahí se instalarán, en los próximos meses, un radar y antenas para monitoreo aéreo y comunicación. La Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) busca así mejorar su sistema para localizar a avionetas que sobrevuelan e incluso aterrizan de forma ilegal en la zona.
Desde el miércoles pasado, este cerro y el de San Isidro, ubicado en el este de Jama, son considerados zonas de seguridad. El Gobierno los declaró Área Reservada Militar de Defensa. Todo consta en el Decreto Ejecutivo 157.
Geovanny Espinel, comandante de la Fuerza Aérea, habló ayer (20 de agosto del 2021) con EL COMERCIO e indicó que tras esta declaratoria se ejecutarán regulaciones espaciales. Por ejemplo, se restringirá el paso de los civiles.
“El cerro de Montecristi en su totalidad estará a cargo de Fuerzas Armadas, con la finalidad de cumplir con la instalación del radar, porque es parte de este proyecto de seguridad nacional”, señaló el alto oficial.
Tras la declaratoria del cerro como área especial, la Gobernación, las Fuerzas Armadas, la Policía y las autoridades locales trabajan en un plan para comunicar a la población sobre estas prohibiciones y para que eviten subir.
Las autoridades locales consultadas por este Diario indicaron que tras ese proceso se ejecutarán otras medidas para impedir que la gente acceda a estos sitios restringidos. No se descarta realizar patrullajes con policías o militares.
Los trabajos para la construcción de una estación para el radar han sido rechazados por una parte de los comuneros que viven en las faldas del monte. Personas que se identifican como líderes de poblados cercanos han organizado marchas y plantones para exigir la suspensión del proyecto.
La FAE maneja estudios técnicos realizados por especialistas, que definieron que el punto elegido representa “la mejor posición del país” para mejorar el control.
De hecho, entre las conclusiones de esos informes se indica que podrán detectar naves que vuelan a unos 100 metros de altura y que de ese modo buscan evadir los radares.
Además, se ampliará el alcance del control que llegará hasta el norte de Santa Elena.
Pese a esto existen presiones de los pobladores. El lunes, por ejemplo, ellos participaron en una reunión convocada por la Gobernación de Manabí.
Ahí exigieron la salida de tractores que las autoridades ubicaron en las cercanías de la comuna de Tohalla Grande.
Algunos manifestantes tenían carteles de rechazo al proyecto. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército prevé abrir un camino para acceder a la cima.
El martes, en cambio, unas 60 personas marcharon hasta el Municipio de Montecristi, para exigir al Alcalde y concejales que se suspendan las obras. Un cordón policial impidió su paso al edificio. Luego, ese grupo se dirigió a las casas de los ediles para realizar los reclamos y pedirles que se unan a la movilización.
La Policía procesa información obtenida durante las protestas. En documentos consta que hay gente encapuchada. También se identificó que personas “son traídas de cantones cercanos”, como Manta y Portoviejo, para engrosar el número de manifestantes. En fotografías obtenidas en los plantones de esta semana, se observa a manifestantes con piedras, palos y machetes.
Desde la Gobernación de Manabí se señaló que con mayor control se evitará tener menos presencia de avionetas que están relacionadas al transporte de droga. Desde el 2003 hasta julio de este año, las autoridades detectaron ocho aeronaves que ingresaron hasta Manabí desde Centroamérica. También se ubicó a nueve aviones que llegaron a Guayas. La mayoría accedió primero al espacio manabita.
Ante este panorama, en el cerro San Isidro, ubicado al este del cantón Jama, también se hacen estudios para mejorar el control aéreo de Manabí.
El presidente Guillermo Lasso señaló que la suscripción de esa declaratoria es parte de la “lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado”.
Datos de la Policía indican que 47 toneladas fueron incautadas en el primer semestre del 2019, a escala nacional. Ese número bajó en el mismo periodo del 2020. En ese lapso, cuando el país se encontraba en los meses más críticos de la pandemia por el covid-19, se decomisaron 45 toneladas.
Pero este año hubo un repunte drástico. Hasta junio se contabilizaron 93 toneladas incautadas.
Esto va de la mano con el incremento de muertes violentas. Así lo advierten los agentes que investigan estos casos.
De enero a junio del año anterior, en Manabí hubo 32 decesos. En este año ya suman 106 ataques mortales.