El anterior Alto Mando militar brindó una rueda de prensa el viernes 5, para expresar su inconformidad. Foto: Cortesía
La cita será el jueves próximo. Se realizará en uno de los salones del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa), en Quito. Y fueron convocados los militares retirados y activos de todo el país.
La razón: “Consolidar nuestro apoyo y delinear las futuras acciones legales, ante los organismos nacionales e internacionales, que se deban adoptar de continuar con esta sistemática afectación a los recursos del Instituto (Issfa)…”, dice el comunicado.
El documento no tiene firma, pero en el correo electrónico se consigna su autoría a las asociaciones de militares en servicio pasivo. Un oficial retirado que pertenece a esta asociación aseguró a este Diario autenticidad del escrito.
Esta asamblea nacional fue anunciada el sábado, un día después de que el Alto Mando fuera destituido por el presidente Rafael Correa.
Horas antes de recibir esta medida, los generales hicieron un pronunciamiento público en contra de devolver al Estado USD 41 millones, suma que sería el sobrepago en el precio de los terrenos que el Issfa vendió al Ministerio del Ambiente hace seis años.
Se trata de 66 lotes ubicados en lo que ahora comprende el parque Samanes, en el norte de Guayaquil. Los predios fueron vendidos en el 2010 en USD 48 millones, que fue el valor tasado por la Dirección Nacional de Avalúos y Catastros. Sin embargo, la ley de Contratación determina que el avalúo catastral lo debía realizar el Municipio, en este caso el de Guayaquil, que lo valoró en USD 7,3 millones.
“Pidieron un informe al Procurador. Él nos da la razón y no nos quieren devolver la plata. Yo voy a velar por la razón”, dijo Correa el sábado, en su enlace 461.
Según el Presidente, los terrenos del Issfa pertenecieron antes al Ministerio de Defensa, que los adquirió a terceros en 1968. Defensa los vendió al Issfa en USD 18 millones, de los que pagaron USD 8 millones.
Cuatro horas después, las asociaciones de militares retirados manifestaron su postura contraria. En el comunicado aseguran que existe una “grave afectación económica que se pretende realizar con la confiscación del patrimonio del Issfa”.
Además, los militares en servicio pasivo pidieron que sean los organismos competentes quienes diriman este “supuesto litigio, como lo determinan las instancias legales vigentes, que son válidas para todos los ecuatorianos”.
Además, hablaron de atropellos y de un “uso indiscriminado de las redes sociales para confundir y desprestigiar a las FF.AA.”.
En el enlace, el Presidente habló de revisar las pensiones a los altos mandos, que considera altas. Aunque reconoció que disminuirlas sería inconstitucional. Por ello, habló de congelar las pensiones actuales y revisar las de los uniformados que se jubilarán en un futuro.
“Nosotros financiamos al Issfa. Todo es pagado por el Gobierno. Todo el pueblo subsidia el 60% de las pensiones jubilares… Pero tampoco pensiones de USD
5 000”, dijo Correa.