En Los Ríos, soldados de la Brigada de Fuerzas Especiales N.° 9 Patria dan seguridad al personal que incorpora las papeletas de parlamentarios andinos para las elecciones que se realizan mañana.
La planificación se armó con anticipación. La fuerza pública elaboró una estrategia para dar seguridad en las elecciones presidenciales de mañana domingo 7 de febrero del 2021. La Policía actuará con 47 013 uniformados y FF.AA., con 37 953.
Pero las operaciones de ambas fuerzas comenzaron antes.
Por ejemplo, un grupo policial da seguridad a los candidatos presidenciales que aceptaron este servicio desde el año pasado. Son agentes especiales, capacitados para conducir a la defensiva y evacuar en situaciones de emergencia, con destrezas para disparar y formados en defensa personal.
Para el día de la votación, los comandantes dispusieron que otros grupos den seguridad a todas las juntas receptoras del voto (JRV) y a los edificios provinciales del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Las unidades antiexplosivas, en cambio, tienen como tarea verificar los paquetes que lleguen a ese organismo. La idea es evitar todo tipo de amenaza.
Además, en los recintos se habilitará una puerta de ingreso y otra de salida. Se implementarán equipos antimotines con 110 000 vallas metálicas. En las calles aledañas a los planteles, los policías tienen la orden de que la gente no se aglomere y no se instalen ventas ambulantes. Esas medidas se adoptaron para que no se propague el coronavirus.
Otra misión a su cargo es que se cumpla el silencio electoral. Es decir, que no se realicen actividades proselitistas. Esa prohibición se encuentra establecida en el Código de la Democracia (artículo 291)
También deben hacer que se respete la ley seca. Esa norma sanciona con USD 200 a quien expenda o consuma bebidas alcohólicas en los días en que exista prohibición de hacerlo.
En los recintos, los policías judiciales podrán ejecutar boletas de captura que estén activas por algún delito cometido o por pagos incumplidos sobre las pensiones alimenticias.
En las elecciones presidenciales del 2017, a escala nacional fueron detenidas 1 047 personas: 590 por apremio, 386 por delitos, 17 para investigación que lleva adelante la Dirección de desaparecidos y muertes violentas, dos por suplantación electoral y 52 por drogas y otras sustancias.
Dentro de la planificación que está en marcha se dice que una vez concluida la jornada, el trabajo de los agentes también se centrará en vigilar que los sobres con los resultados de las votaciones sean entregados a las delegaciones del CNE.
Para estas operaciones, que terminarán el lunes, la Policía empleará 81 354 vehículos, 7969 motos, siete aeronaves, 17 blindados y 22 072 radios.
La acción de los militares
En el caso de las Fuerzas Armadas, su tarea previo a las elecciones consistió en desplazar y dar seguridad a los kits electorales que se repartieron en el país. Esto arrancó el 25 de enero con el traslado a las provincias de la Amazonía.
Ayer 5 de febrero, los uniformados terminaron de entregar todo el material para mañana en los siete cantones de Pichincha.
En Esmeraldas, el Grupo Operacional 1.4 usó lanchas para transportar kits a los recintos del cantón San Lorenzo, fronterizo con Colombia, cuyo ingreso es difícil.
En cambio, personal del Ala de Combate 21, en Guayas, llevó las papeletas a Naranjal, Milagro, El Triunfo, Marcelino Maridueña y Bucay.
Intervención del ECU-911
Los dispositivos de seguridad policial y militar estarán coordinados por operadores del Servicio de Emergencia del ECU 911. Esta entidad entregó lineamientos que deben aplicarse en la jornada electoral.
Pidió que se prohíba a la gente que ingrese con todo tipo de alimentos a los centros.
Los soldados deben apoyar para que los ciudadanos circulen unidireccionalmente.
Esto quiere decir que por el lado derecho se ingresa y por el izquierdo se sale de los edificios asignados para el sufragio.
“En todos los procesos que se ejecutarán antes, durante y luego del sufragio se guardarán todas las medidas de bioseguridad. Se harán desinfecciones permanentes del material electoral. En los procesos de traslado y desembarque se mantendrá el distanciamiento del personal asignado”, señala la central ECU-911.
En cuanto a los incidentes sobre seguridad, el ECU 911, a través de las cámaras de videovigilancia, monitoreará los recintos y sus alrededores para alertar a la Policía sobre lo que ocurra. El escándalo público es sancionado con trabajo comunitario de hasta 50 horas o cárcel de uno a cinco días (art. 393 del Código Penal).
