Habla con voz pausada. Dice que es para que no lo escuchen, porque teme un nuevo arresto. Julio (nombre protegido) es un militar de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) que desde el miércoles pasado está detenido en la Policía Militar, recinto ubicado en La Recoleta, en el centro de Quito.
Él y otros nueve uniformados están detenidos supuestamente, porque el 30 de septiembre protestaron al igual que los policías.
A cuatro soldados, con rangos de sargento y suboficiales, les dieron cinco días de arresto y a los demás, tres. Ayer se conoció que otros 15 militares están recluidos en el complejo militar de La Balbina, un recinto militar en Amaguaña.
El tema es tratado con hermetismo en las tres Fuerzas y en el Ministerio de Defensa. En el caso de la FAE, fuentes oficiales señalaron que sobre el 30-S solo continúan los Consejos de Disciplina.
Pero los militares presos dijeron que son 25 y que allí están efectivos de la Marina, Ejército y FAE.
Otro militar de la Fuerza Aérea señaló a este Diario que hoy se presenta en la Dirección de Personal del Ministerio de Defensa y que desde el lunes comenzará el arresto. “No hemos hecho nada, solamente decir las verdades”, señaló el uniformado, quien pidió que se respete el debido proceso.
Los soldados recibieron ayer el respaldo del secretario jurídico de la Presidencia de la República, Alexis Mera. “El Gobierno piensa que los sucesos de la Base Aérea de Quito y los incidentes de la Recoleta no constituyen infracción penal. No tipifican como delito”.
El funcionario agregó que en lo administrativo se deberá sancionar al personal que al interior de la institución militar haya roto la jerarquización.
Los soldados que están detenidos en la Policía Militar recibieron en la mañana visitas de sus familiares. “No están solos, tienen el respaldo de nosotras y del país”, dijo la esposa de un militar.
Mera descartó que sea un ‘pago de favores’ hacia las Fuerzas Armadas, por su accionar en el rescate del Presidente desde el Hospital de la Policía y por mantenerse distantes de la insubordinación.
Insistió que la Fiscalía es independiente y que está en libertad de abrir un proceso fiscal contra los militares que protestaron.
El asesor jurídico del Régimen acudió a la Fiscalía no como compareciente como ya lo hicieron otros miembros de Gobierno, sino para revisar los avances de la instrucción fiscal sobre supuesto intento de asesinato contra el Primer Mandatario.
Argumentó que su presencia era en condición de abogado de la Presidencia, ya que esta asumió la defensa de Julio Medina, miembro del equipo de seguridad del Primer Mandatario.
En el inicio de su visita se reunió con el fiscal del caso, Luis Enríquez. Luego, durante 15 minutos, revisó los nueve cuerpos de expedientes sobre dicha instrucción fiscal. En la mañana debió comparecer ante la Fiscalía el ministro de Defensa, Xavier Ponce y el jefe de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), pero no lo hicieron.
Pese a que el plazo venció la noche del miércoles, las Fuerzas Armadas tampoco presentaron la lista de sus miembros que se habrían levantado durante el 30-S.
Dos policías más procesados
Luis Montecé y Luis Arturo Beltrán se sumaron ayer al grupo de 40 policías inculpados por la revuelta del 30-S.
Tras la audiencia de vinculación que terminó este mediodía, la jueza X de Garantías Penales de Pichincha, Rita Bravo, ordenó la detención provisional por 90 días. Ambos uniformados son inculpados en el caso de rebelión.
El fiscal Jorge Cano presentó como evidencia varios videos cortos sobre los momentos iniciales de la revuelta policial en el Regimiento Quito 1. Con base en eso, la Jueza ordenó la aprehensión de Montecé y Beltrán. Hasta ayer, los dos continuaban en sus actividades normales.
En esta instrucción antes ya fueron inculpados 33 policías (13 con prisión preventiva y 20 con medidas cautelares sustitutivas).
