Regresó deportado de Estados Unidos a finales del 2008. Pero recién el año pasado, Teodoro C. se decidió a denunciar al supuesto coyotero porque no le devolvió los USD 11 500 que le pagó.
El viaje duró tres meses y llora al recordar su historia. En la puerta de su casa, ubicada en un pueblo del Austro, recuerda que estuvo detenido durante seis meses tras ser aprehendido por la Policía. Incluso dice que vio muertos en el camino. “En la frontera entre México y Estados Unidos había personas desmayadas, cadáveres sentados como si durmieran, enfermos… y un olor insoportable en el ambiente por la presencia de muertos. Clamaba por irme”.
Él se decidió a emigrar tras leer un anuncio en la prensa que ofrecía viajes con visa a EE.UU. Según el hombre, el presunto coyote le dijo que tenía contactos en la Embajada de ese país y no fue así. Se trasladó en un vuelo hasta Guatemala y desde allí se movilizó en vehículo hasta México.
El hombre, de 47 años, negoció para que su familia deposite el dinero por partes conforme avance en la travesía. La cuenta bancaria no pertenecía al supuesto coyotero sino a otra persona. Los allegados guardaron los recibos de esos pagos que sirvieron como pruebas en las investigaciones.
Tras denunciar el hecho, José S. fue detenido por la Policía en noviembre del año pasado como presunto traficante de personas.
Según el Ministerio del Interior, el sospechoso integraba la lista de los Más Buscados y en la Fiscalía del Azuay constan ocho demandas en su contra. En tres ha recibido sentencia condenatoria (ocho años) y la devolución del dinero.
En Cañar, la Fiscalía ha registrado 22 denuncias este año. De estas, 15 tienen sentencias condenatorias y en estas consta el caso del sobreviviente de la masacre de Tamaulipas, Fredy L.
La persona que tramitó su viaje fue sentenciada a 12 años en octubre pasado. El resto de denuncias sigue en indagación.
En Azuay se han reportado 73 casos este año. El fiscal Rómel Molina maneja 20 y 14 ya tienen sentencias condenatorias.
En las dos provincias, 75 personas fueron detenidas por posible coyoterismo en el 2012. Pero las denuncias por estafa o tráfico de emigrantes disminuyeron en el país. Según datos de la Fiscalía, hace ocho años había 250 casos en Cañar y 300 en Azuay.
Molina señala que los traficantes de emigrantes ahora se cuidan y negocian con los familiares de los afectados para, en caso de ser deportados, devolverles el dinero u ofrecerles nuevos viajes.
“Hay denuncias que fueron abandonadas porque, al parecer, llegaron a un acuerdo”, sostiene.
En eso coincide Segundo Serrano, defensor del Pueblo del Cañar. Dice que cuando ha visitado a los parientes de los emigrantes, nadie conoce a quienes facilitaron los desplazamientos. “Así no se les puede ayudar”, enfatiza.
Ángel L., de 39 años, fue estafado con USD 14 000, pero no denunció al supuesto coyote porque son parientes. Le ofreció un segundo viaje, pero no lo aceptó por los riesgos que implica el desplazamiento por tierra. Prefirió vender su casa y pagar las deudas.
Ángel y Teodoro C. coinciden en sus testimonios. En sus travesías a EE.UU., los dos vivieron días encerrados en hoteles ocupados por emigrantes. Había armados que les exigían dinero para continuar con el desplazamiento.
Viajaban hacinados en camiones, escondidos en contenedores. Las necesidades biológicas las realizaban en un balde. Teodoro C. viajó durante tres meses y otros seis estuvo detenido hasta ser deportado junto a otros 400 emigrantes. En Ecuador, su familia lo dio por desaparecido y recuerda que, al principio, el supuesto coyote les decía que él avanzaba en el viaje, pero luego se escondió.
Lo buscaron para que devuelva el dinero y no aparecía. Para viajar vendió su auto y pidió un crédito para pagar a los chulqueros…