Hasta finales de esta semana está previsto que el presidente Rafael Correa envíe a la Asamblea Nacional la objeción parcial al Código Orgánico Integral Penal (COIP). Mientras tanto, los sectores interesados en que haya cambios a través del veto están pendientes.
Por ejemplo, el gremio médico convocó para hoy, a las 19:00, a una nueva vigilia en la plaza de San Francisco, en el Centro Histórico de Quito.
Carlos Figueroa, secretario de la Federación Médica Ecuatoriana, aseguró que aún requieren cambios en el artículo 146 del COIP, que tipifica el homicidio culposo por mala práctica profesional. “Es necesario que se respete el acuerdo al que llegamos con los ministerios de Salud y Coordinador de la Política”.
Según el especialista, se debe eliminar el tercer inciso, que dice que “será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años si la muerte se produce por acciones peligrosas, innecesarias o ilegítimas”.
Esos cuestionamientos ya fueron enviados en una carta dirigida a Correa el pasado 6 de enero. Sin embargo, no ha habido ningún nuevo acercamiento con las autoridades.
En un comunicado oficial, Mauro Andino, presidente de la Comisión de Justicia, que tramitó el COIP, anunció que dentro del veto parcial que se prevé sí se incluiría el tema de la mala práctica médica.
“El texto concerniente al homicidio culposo por mala práctica profesional surgió como resultado de un amplio debate en el organismo legislativo (…). En todo caso, el presidente Rafael Correa puede vetar ese y otros aspectos”.
El boletín señala que Andino ha mantenido reuniones con el asesor jurídico de la Presidencia, Alexis Mera.
Una vez que el documento del Ejecutivo llegue a la Asamblea, la Comisión de Justicia tiene ocho días para presentar un informe no vinculante, para el allanamiento o la ratificación de lo inicialmente aprobado por el Pleno de la Asamblea.
De acuerdo con el comunicado, el Presidente pediría que la no afiliación al IESS sea tipificada como un delito y no como una contravención con sanciones económicas. También se propondría una rebaja de las multas para ciertos tipos de delitos, como el hurto y “otros que no tienen mayor trascendencia”. Además, se sugeriría una modificación sobre el procedimiento para las sanciones a los adolescentes en conflicto con la ley penal.