Mediación, una salida ante líos por arriendos
Sara Yépez, abogada especializada en inquilinato, conoce los casos. Foto: Vicente Costales/ EL COMERCIO.
Durante dos años trabajó como carpintero en un local arrendado en La Legarda, un barrio del norte quiteño. La crisis sanitaria del covid-19 obligó a que el negocio de Alberto Fuentes permaneciera cerrado desde el 16 de marzo.
Tres meses después quiso reabrirlo, pero no pudo. El arrendador cambió la cerradura de la puerta y dijo que no podía ingresar hasta que le pagara los USD 440 del alquiler.
Fuentes recuerda ese día. “Le expliqué que no he trabajado y que no tengo dinero. Le pedí que me dejara pagar la deuda en seis cuotas, pero no aceptó”.
Por eso, hace dos semanas acudió a la Defensoría Pública y solicitó una audiencia de mediación. En la diligencia acordaron que Fuentes desocuparía el inmueble hasta el 5 de agosto y el arrendador le condonaría toda la deuda.
Estos entendimientos en temas de inquilinato se han vuelto comunes en la pandemia. Los datos de los centros de mediación lo corroboran.
Desde el 10 de junio, cuando se reanudó la atención en las 91 oficinas que dan este servicio en el país hay más usuarios.
Existen centros privados y otros que pertenecen a la Función Judicial, a los municipios, a los gobiernos provinciales y a la Defensoría Pública.
El caso de Marcos Angulo consta en la base de datos de esta última entidad. Cuenta que desde hace un año y medio vivía en un departamento en el norte de la capital, pero que el 29 de junio se mudó a otro sitio, pues no tenía cómo cancelar los USD 500 de alquiler.
Recuerda que el pasado 10 de junio perdió su empleo como docente en un instituto de idiomas. A través de una carta, su jefe le explicó que la empresa quebró por la crisis económica desatada por el coronavirus.
Angulo asegura que tras dejar el departamento, la dueña se negó a devolver los USD 700 de garantía. El 3 de julio, con un mediador consiguió que la mujer entregara el dinero.
Las audiencias para resolver temas relacionados con el alquiler de casas o locales comerciales se instalan a diario.
También hay quienes buscan acuerdos para diferir los pagos, solicitar rebajas o pedir la devolución de la garantía.
Sara Yépez, abogada especializada en inquilinato, recuerda que el 16 de junio una cliente le pidió asesoría, pues debía USD 5 100 por tres meses de arriendo de un local en El Bosque, en donde vendía muebles. Por la pandemia cerró temporalmente el negocio y no tuvo dinero para pagar.
La mujer le dijo al arrendatario que desocuparía el lugar, pero él no aceptó, pues pedía que primero le pagara la deuda. Yépez le recomendó que recurra al centro de mediación. El 18 de junio se realizó una audiencia virtual.
Luego de dos horas acordaron que desocuparía el lugar sin pagar la deuda, pero a cambio el arrendador no le devolvería los USD 3 400 de la garantía.
Los compromisos pactados se registran en un acta y deben cumplirse obligatoriamente. De lo contrario, el afectado puede presentar una demanda.
En los centros privados de mediación también hay casos. Salomé Gallardo dirige uno y asegura que antes de la crisis dirigía dos audiencias de inquilinato al mes, pero hoy se realizan tres por semana.
En la Defensoría Pública, la mediadora Jenny Guevara sabe que en este mes ha atendido 17 casos y que antes de la emergencia sanitaria eran menos.
Asegura que ese incremento se debe a la Ley de Apoyo Humanitario, aprobada en la Asamblea el 15 de mayo. El artículo 27 establece que se puede acudir a la mediación para llegar a acuerdos de pago, por deudas que se hayan generado durante la pandemia.
Juan Báez recurrió a un convenio para pagar cuatro meses de arriendo de un bar. No pudo cancelar, pues el negocio cerró desde el 16 de marzo y debe USD 6 800. Tras una audiencia, él se comprometió a pagar luego de que se autorice el funcionamiento de estos centros.
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