Julio fue asesinado con tres tiros en la cabeza. El día anterior al crimen se negó a ser reclutado por un Grupo Ilegal Armado de Colombia (GIAC) y planificó la huida de su natal Orito, un municipio occidental del departamento del Putumayo. Tenía 18 años.El joven intentó sacar a su esposa y a su hijo, de un año, a las 05:00 de ese 17 de julio del 2009, pero no pudo. Una hora antes, tres hombres vestidos con uniforme de camuflaje entraron a la casa de madera y uno descargó su fusil.
La esposa de Julio quedó mal herida, el bebé lloraba junto a ella y los desconocidos se fueron. Martha (nombre protegido) se desmorona al recordarlo. “Me hirieron en el brazo, cogí a mi hijo y corrí lo que más pude”.
Ella y su pequeño viven en un pueblo ecuatoriano asentado en las orillas del San Miguel, el río que marca la frontera entre Colombia y Ecuador. Tiene un documento que certifica que es refugiada. El día que cruzó la frontera no estuvo sola, sino con 12 personas, cuyos familiares también fueron asesinados por los armados esa madrugada.
En Sucumbíos, provincia ecuatoriana asentada frente al Putumayo, viven 15 000 ciudadanos de Colombia con estatus de refugiado. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (Acnur) lo señala: en Pastaza hay 1 300 y en Napo 400.
La mayor afluencia a Sucumbíos se produjo entre el 2000 y el 2001. Hasta el 2009 se recibían unas 400 peticiones de refugio (el 40% es negado) cada mes. En los tres primeros meses del 2010 el número de solicitudes mensuales subió a un promedio de 310, pero desde entonces pasó a 350.
Xavier Creach es un francés que vive 4 años en Sucumbíos y maneja la denominada suboficina del Acnur. Señala que los requerimientos de refugio se elevaron por el conflicto que se presenta en el Putumayo.
Este organismo esperaba que tras los dos últimos enfrentamientos en la frontera ingresen masivamente ciudadanos de Colombia. Pero Creach sostiene que aquello no se ha producido.
Jorge viste sandalias, pantalón corto y camiseta. Así vende bebidas en el centro de Nueva Loja. En Puerto Asís (Colombia) su trabajo era diferente. Se dedicaba a la agricultura y a la ganadería, pero en la Navidad del año pasado un grupo de armados obligó a su familia a dejar las tierras. “Ellos son así, un día llegan y solamente dicen se van y punto. No se puede hacer más ante eso”.
Jorge tiene dos hijas de 8 y 11 años. Recién hace 15 días pidió refugio, pero aún no sabe si su solicitud fue aceptada; el trámite requiere un estudio y la aprobación de la Cancillería de Ecuador. El pueblo donde vive Martha está desolado. Allí hay tres familias que llegaron hace semanas.
Todas conviven en el pequeño cuarto de madera que un refugiado les prestó. Allí cocinan y duermen. Hablan poco y cuando ven a extraños se esconden. Solo un hombre, de unos 40 años, dice en voz baja que salieron de Puerto Colón por miedo “a los combates”. “Vea hermano vamos a ver si nos quedamos aquí, pero tenemos que hacer un pedido oficial a las autoridades”.
En la aldea no hay puestos fijos de militares ni policías ecuatorianos. A las 09:00 solo se escucha el motor fuera de borda de una embarcación militar de Ecuador que atraviesa por el San Miguel.
El cónsul de Colombia en Sucumbíos, Henry Orduz, dice que en esta jurisdicción residen otros 12 100 colombianos, pero “ellos ya tienen los documentos en regla”. La mayor parte de ellos está en Nueva Loja, capital de Sucumbíos. Pero también hay gente que reside en las orillas del San Miguel. A los militares les preocupa aquello. Dicen que detectaron en la frontera a gente con certificados de refugio que se ha convertido en informantes de la guerrilla.
Creach cree que los grupos armados obligan a los refugiados a ser abastecedores o informantes.
Pero dice que el tema deben tratarlo las autoridades judiciales y aclara que la mayoría de los campesinos que llegan desde Colombia no está en la frontera, sino en las capitales de las provincias como Sucumbíos u Orellana.
Martha sabe de las acusaciones, pero dice que son ‘compañeros’ que “no tienen una verdadera intención de vivir aquí (Ecuador)”.
A 45 kilómetros de Nueva Loja, en las orillas del San Miguel hay más refugiados. Entre las plantaciones de plátano está la casa de Estrella R. Hace dos años ella salió de Puerto Rico, una población del Caquetá colombiano.
Lo hizo porque “había mucho peligro para vivir, mucho armado que intimidaba a todos”. En esa pequeña casa solo cabe un dormitorio para ella y su esposo Juan B. No hay espacio para cocinar; improvisaron una alacena en el patio: con maderas hicieron repisas y allí colocaron las pocas y deterioradas vajillas.
La pareja no quiere volver a Colombia, tampoco Martha. Ella dice que su plan es ir a Quito. “Es difícil y doloroso vivir así, pero tenemos que acostumbrarnos, porque nos botaron de nuestro país”.
