En la gráfica, María Sol Larrea, excoordinadora del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), en una de las audiencias judiciales. Foto: Archivo, EL COMERCIO
La excoordinadora del IESS, María Sol Larrea, completó su sentencia de 12 meses de cárcel por el delito de tráfico de influencias. Por esta razón, la justicia emitió, el lunes 1 de octubre del 2018, una boleta de excarcelación para la funcionaria. Así consta en el sistema de la Función Judicial.
Pese a la orden de libertad, la excoordinadora no podrá salir de la cárcel, ya que todavía paga otra condena de 20 meses prisión por enriquecimiento ilícito. En este último expediente, Larrea fue acusada por la Fiscalía, por haber incrementado su patrimonio y no poder justificar ingresos por USD 900 000 en sus cuentas.
En una primera instancia, la exfuncionaria fue condenada a cuatro años y medio de cárcel, pero tras el recurso de apelación sus abogados lograron que su condena se reduzca a 20 meses de cárcel. Ese fallo lo tomó la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha, el pasado 29 de agosto.
En este juicio, Larrea también ha completado un año de prisión y le quedan ocho meses de cárcel, ya que la justicia toma en cuenta el día que ingresó a prisión: 1 de octubre del 2017, después de que la Policía frustrara su intento para viajar hacia los Estados Unidos.
El martes 2 de octubre del 2018, este Diario buscó a los abogados de Larrea, pero aseguraron que no están autorizados para informar sobre el estado de los juicios.
Los procesos penales contra la exfuncionaria parten de exámenes que realizó la Contraloría. Uno de estos estudios analiza el contrato 64000000-5397-C, suscrito el 24 de octubre de 2012, con la compañía Super Clean.
El contrato tenía como objetivo dar servicios de limpieza integral de los nuevos Hospitales de Santo Domingo de los Tsáchilas y Babahoyo, por el valor de USD 2,9 millones y un plazo de 2 años.
Entre las conclusiones, la Contraloría señaló que “las propuestas preparadas María Sol Larrea, coordinadora Nacional de Unidades Médicas, para solicitar la aprobación del gasto, previo a iniciar con el proceso de contratación, no obedecieron a un proceso de planificación que permita determinar las necesidades de los servicios de limpieza, bajo parámetros medibles y cuantificables”.
La Contraloría también indicó que esa contratación se realizó sin fundamentos técnicos ni estudios de mercado, “lo que no permitió establecer un presupuesto referencial y requerimientos técnicos ajustados a la realidad de mercado y a las necesidades de la institución de salud”.
Por este caso, la jueza Paola Campaña ordenó que Larrea pague USD
200 000 como reparación integral para el IESS, una vez haya cumplido los 12 meses de prisión.
Esa sentencia se dio a través de un procedimiento abreviado. Se trata de un recurso legal que le permitió a la exfuncionaria declararse culpable del delito a cambio de recibir un mínimo de la pena que le correspondía. El Código Penal sanciona el tráfico de influencias con penas de tres hasta cinco años de cárcel.
