Las víctimas fueron sus hijos. Una mujer fue sentenciada a 34 años y 8 meses de prisión. El lunes 2 de agosto, un Tribunal de Garantías Penales de Pichincha la encontró culpable del delito de asesinato, tipificado en el artículo 140 del Código Penal vigente (COIP).
Durante la audiencia, la Fiscalía probó que los hijos, niños de 5 y 9 años, fueron envenenados la noche del 27 de octubre de 2020. Sus cuerpos fueron encontrados la madrugada del siguiente día en el departamento en el que vivían con su madre en Pifo, una parroquia rural quiteña.
La fiscal de la Unidad de Personas y Garantías de Pichincha, Elba Garzón, presentó durante el juicio un conjunto de prueba pericial, testimonial y documental que fue valorada por los jueces antes de emitir su veredicto.
Entre las pruebas estaban el testimonio del padre de los niños, quien narró cómo la noche en que ocurrieron los hechos, la procesada lo llamó y le indicó que había escrito una carta. En el texto la mujer le aseguraba que se “llevaría lo que es de ella”, refiriéndose a hijos.
A las 02:00 del día siguiente, 28 de octubre, él recibió otra llamada en la que la mujer le solicitaba ayuda, pues se sentía mal debido a la ingesta de alguna sustancia tóxica. Una hora después, su teléfono sonó nuevamente. En esa ocasión, un agente de Policía le informó que debía acercarse a Pifo. Al llegar, el uniformado le informó que sus hijos estaban muertos.
El examen médico legal que se les practicó a los cadáveres reveló que la causa de muerte de ambos niños fue asfixia por broncoaspiración, edema pulmonar e intoxicación por una sustancia a determinar.
El diagnóstico fue el mismo para ambos infantes. Murieron por factores externos. Aquello fue corroborado por una pericia histopatológica, también expuesta en el juicio.
La valoración psicológica a la procesada confirmó que cuando perpetró el crimen estaba ubicada en tiempo y espacio. Sin embargo, en la diligencia ella negó haber victimado a los niños.
Además, Fiscalía presentó como prueba los testimonios del personal médico de las casas de salud en donde fue atendida la mujer, tras haber sido encontrada agonizante en su departamento por el personal de emergencias del Cuerpo de Bomberos.
Durante el juicio, la defensa de la madre intentó convencer al Tribunal de que los infantes fallecieron producto de covid-19, pero se demostró que los menores ya habían superado ese contagio a la fecha del crimen.
Tras conocer el caso, el 29 de octubre de 2020, Fiscalía formuló cargos por un presunto delito de asesinato. Al finalizar la audiencia de calificación de flagrancia, que se desarrolló en el hospital donde se recuperaba la procesada, se ordenó su prisión preventiva.
En el departamento donde ocurrió el doble crimen, la Policía hizo una inspección y encontró un tercer cadáver, el de un hombre de 28 años, a quien su familia reportó como desaparecido el 25 de octubre de ese mismo año.
Por este hallazgo, Fiscalía abrió una instrucción fiscal que todavía se tramita en la Unidad de Personas y Garantías. Presuntamente, la víctima mantenía una relación sentimental con la hoy sentenciada.
A esto también se suma una investigación por la muerte de otro hombre cerca de la parroquia de Pifo, un hecho que ocurrió meses antes del envenenamiento de los niños.
Huellas dactilares que corresponden a la mujer fueron halladas en un vaso de cristal junto al cadáver de un hombre de más de 60 años. Todo está en indagación.
https://www.facebook.com/elcomerciocom/photos/a.169485459741891/4024295064260892/
