Nada podría ser peor que tratar el problema de la inseguridad bajo una óptica netamente política. Y peor aún -advierten expertos y legisladores vinculados al tema- bajo la óptica de la política populista. Reaccionar en función de las encuestas puede dar réditos coyunturales, pero puede arruinar la ocasión de luchar desde una perspectiva global y con participación ciudadana.
Por eso no es adecuado centrar todos los esfuerzos en las reformas legales -que han sido numerosas en estos años-, o querer investirse de poderes supremos en función de un referendo, para adoptar medidas unilaterales que, en realidad, corresponden al conjunto de instituciones que actúan en la prevención, la investigación, el juzgamiento, la sanción y el castigo del delito.
Si ese es el peor de los mundos, hay un enfoque que puede ser aún más nocivo: dejar que la sombra de los acontecimientos del 30 de septiembre se proyecte sobre las decisiones futuras, como al parecer sucede con la pretensión de usar más a las Fuerzas Armadas en tareas de la Policía.
Una solución seria requiere de liderazgo, pero con corresponsabilidad ciudadana e institucional, y con visión de largo plazo. No necesita posturas demagógicas como las de un ministerio que, en vez de trabajar en las propuestas y asumir responsabilidades, está programando un encuentro de masas para inaugurar “una nueva justicia y el fin de la impunidad en Ecuador”…