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Agentes realizan análisis forense a llamadas telefónicas de Paola Pabón

La Policía y un grupo de fiscales allanaron las oficinas de la Prefectura de Pichincha la madrugada del 16 de octubre.

La Policía y un grupo de fiscales allanaron las oficinas de la Prefectura de Pichincha la madrugada del 16 de octubre.

La Policía y un grupo de fiscales allanaron las oficinas de la Prefectura de Pichincha la madrugada del 16 de octubre. Foto: Fiscalía

Los documentos fueron descubiertos en los basureros de la Prefectura de Pichincha. Se trata de hojas A4 impresas, que fueron reducidas a pedazos y que ahora forman parte de las evidencias de un supuesto delito de rebelión, por el que la prefecta de Pichincha, Paola Pabón está procesada. En ese listado también aparece uno de sus colaboradores y una persona cercana al exlegislador Virgilio Hernández.

A través de un procedimiento forense, los agentes reconstruyen las hojas halladas.

El contenido, aún legible, es lo que importa para ellos. Según los investigadores, en esos documentos se encuentran instrucciones sobre el cobro de “aportes voluntarios” para financiar las movilizaciones durante el paro que se produjo entre el 3 y el 13 de octubre de 2019. 

Otras evidencias son las transcripciones de las llamadas telefónicas a cinco números de celular que fueron interceptadas con una orden judicial. Se trata de diálogos entre los procesados, en los que supuestamente dan disposiciones como estas: “Debe salir todo el barrio al paro y pedir la destitución del Presidente”.

En las conversaciones se habla de muertos, de la posible compra de medicinas y palos para los manifestantes. Además se dice que es necesario conformar un equipo de 15 personas quienes se encargarán de fabricar máscaras antigás.

En otro diálogo se indica que la gente de Pabón debe reunirse con “tres compañeros que vienen del Oriente, quienes son los que darán la cara”.
Además, uno de los procesados aparentemente explica que “la Prefecta necesita algo económico, para comprar material que no se puede decir por teléfono”. Luego se menciona a la Prefectura como punto de reunión durante el estado de excepción nacional.

Para la Fiscalía, a través de estas conversaciones y las reuniones, los sospechosos habrían intentado subvertir y derrocar al Gobierno.

Las evidencias recuperadas en los allanamientos sirven para sostener la tesis investigativa. Entre los objetos incautados están antorchas, camisetas, logos que dicen “fuera el traidor”, carteles y dinero en efectivo, teléfonos celulares, laptops, libreta de registro de dineros y pagos efectuados.

Ramiro Aguilar, defensor de Pabón, dice que la Fiscalía no tiene pruebas para procesar a su defendida, que su detención fue ilegal y arbitraria. Según el abogado, se trata de una persecución política sin fundamento y que la Prefecta simplemente expresó libremente su inconformidad con las medidas económicas y sociales.

Uno de los últimos decomisos se ejecutó el último fin de semana. La madrugada del domingo, los agentes allanaron un inmueble que queda a pocos metros de la Asamblea. Según los primeros rastreos, en ese lugar se reunían grupos afines a Pabón. Los investigadores dijeron que allí encontraron documentos que hablan, por ejemplo, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. “Es un instrumento poderoso; por ende hay que participar. Presentar candidatos (los mejores) y ganar”.

Después también se refieren a firmas y se indica que estas “solo se deben presentar si existen garantías de que son para RC (certificación CNE)”.

Dentro de este caso, la Fiscalía asegura que también cuenta con evidencias en contra del exasambleísta Virgilio Hernández, miembro del movimiento correísta y quien tiene una orden de detención. La Fiscalía cuenta con sus conversaciones transcritas que serán presentadas en la audiencia en la que se vinculará el próximo 5 de noviembre.

En una de esas conversaciones, Hernández aparentemente se comunica con su interlocutor identificado como Roberto. Este le dice: “Que ya le pasa a la jefa y que está saliendo de una reunión que se dirige al sur y que pide reunirse en la Prefectura a las 15:00, que (Virgilio) no se exponga”.

En una carta escrita por el exlegislador sostiene que se lo acusa de ‘golpista’ por haber escrito lo siguiente en su Twitter: “Se cae el paquetazo o se cae el Gobierno”.

Además, en esa red social agregó: “Permitan demostrar la verdad, no nos encarcelen ni persigan para impedir que nos defendamos y (que el) país conozca la verdad…”. Ayer se anunció que el exlegislador se presentará en la diligencia del 5 de noviembre, pese a que tiene una orden de detención.

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