19 de junio de 2020 12:36

Involucrado en el secuestro de los periodistas de El Comercio fue liberado por demoras en su procesamiento

Un hombre involucrado en el secuestro y asesinato del equipo periodístico de El Comercio, perpetrado en la frontera norte en el 2018, fue liberado en Colombia. Foto: Archivo/ EL COMERCIO

Sara Ortiz

Un hombre involucrado en el secuestro y asesinato del equipo periodístico de El Comercio, perpetrado en la frontera norte en el 2018, fue liberado en Colombia. Foto: Archivo/ EL COMERCIO

La justicia colombiana ordenó la liberación de Gustavo Alonso Ospina Hernández, alias ‘Barbas’, uno de los acusados del secuestro y asesinato, en el 2018, del periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra, trabajadores de El Comercio.

La Fundación para la Liberación de Prensa (FLIP), con sede en Colombia, informó el viernes 19 de junio del 2020 que el sospechoso quedó en libertad por una "negligencia" del Estado colombiano. Un magistrado del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Tumaco consideró que la Fiscalía General de la Nación no cumplió con uno de los requisitos exigidos para dar aplicación a la Ley 1809, según la cual se debe contar con la certificación del Consejo de Seguridad Nacional sobre la calificación del Frente Oliver Sinisterra como un grupo armado organizado.

Alias ‘Barbas’ fue identificado por la Fiscalía colombiana con un miembro del grupo armado y colaborador de confianza de alias ‘Guacho’, el antiguo cabecilla abatido por las Fuerzas Armadas del vecino país. Su papel en el secuestro habría sido filmar los videos del grupo periodístico en cautiverio y que constituyeron la prueba de vida.

En un comunicado, la FLIP, Fundamedios y el colectivo Nos Faltan 3 alertan que esta excarcelación del sospechoso “deja en evidencia el riesgo de impunidad en el caso, pues transcurridos más de dos años no se han adelantado nuevas vinculaciones a la investigación”.

Además, hacen un llamado para que se acelere el juicio en otra de tres miembros del grupo armado que fueron detenidos en el 2018, pero que hasta la fecha “no se ha iniciado la etapa de juicio contra las tres personas que se encuentran procesadas y ya comienza el vencimiento de los términos procesales, debido a la falta de celeridad”.

Los familiares y los organismos piden también que en el Ecuador se aceleren la investigaciones que están a cargo de la Fiscalía General y que este caso no quede en impunidad; hasta el momento no hay personas sentenciadas por este crimen ni en el país ni en Colombia.