México: Hallan a 28 migrantes hacinados en una ambulancia
Alcantarillado sanitario y pluvial es deficiente en …
Mantra retratos para la contemplación
Inseminación casera, una opción de las parejas homop…
Cuerpo de bebé hallado en cárcel fue robado de un cementerio
Un hombre que cenaba en un restaurante de Guayaquil …
Gabriel Boric: ‘Venezuela es una experiencia q…
COE Metropolitano decidirá sobre cambio de alerta en Quito

Leyes para uso progresivo de la fuerza y seguridad privada se analizan

El miércoles 24 de noviembre del 2021 arrancó el tratamiento del proyecto de Ley de Seguridad Privada y el de Ley para el Uso Proporcional de la Fuerza, de iniciativa legislativa.  Foto: Twitter / Comisión de Seguridad Integral de la Asamblea Nacional

La posibilidad de que guardias de seguridad privada complementen el trabajo de la Policía con acciones de disuasión y alerta de posibles delitos es parte de las reformas que se analizan en la Asamblea Nacional.  

Así lo dio a conocer el presidente de la Comisión de Seguridad Integral, Ramiro Narváez (ID), después de que el miércoles 24 de noviembre del 2021 arrancó el tratamiento del proyecto de Ley de Seguridad Privada y el de Ley para el Uso Proporcional de la Fuerza, de iniciativa legislativa.  

“La responsabilidad de la seguridad es del Estado, pero en vista de que los guardias de seguridad están distribuidos en diferentes sectores del país, en comunidades, en parroquias, ellos pueden jugar un rol complementario al trabajo o a la obligación que tiene el Estado”, explicó Narváez. 

Sostuvo que el objetivo es normar la actuación de los guardias, de tal forma que “ellos puedan aportar, por ejemplo, con una coordinación efectiva, pronta, ágil con la Policía Nacional frente a un evento que se presente”.  

“La actuación y la garantía de la seguridad siempre será del Estado, pero ellos deberían jugar un rol complementario con alertas, con temas de persuadir, de evitar con su presencia, actos delincuenciales”, insistió.  

Narváez agregó que para el análisis de estas propuestas se deberán incluir los criterios de muchas instituciones, “no únicamente de la Corte Constitucional” que ha emitido algunos pronunciamientos en materia de seguridad ciudadana y actuación de la Fuerza Pública. 

“También hay que incorporar elementos como, por ejemplo, los señalados por los organismos internacionales, que claramente establecen parámetros enfocados en el cuidado de los derechos humanos”, señaló. 

El asambleísta Jorge Pinto (Creo), uno de los proponentes, apuntó que dentro de las garantías para los uniformados (públicos y privados) que se analizan con estas leyes consta que “si ellos ven amenazada su propia vida o la vida de alguna persona que esté a su alrededor, puedan hacer uso de su arma de dotación”. 

“Va a permitir también, incluso, tener un marco referencial para los jueces, para que ellos puedan determinar cuándo es un abuso y cuándo ha sido el caso de defensa propia, de defensa de un tercero”, acotó la socialcristiana Geraldine Weber.

Suplementos digitales