En el Complejo Judicial del Norte de Quito se realizó el viernes una teleaudiencia. Foto: Diego Pallero / El Comercio
Hoy a las 09:00 comienza la audiencia de juzgamiento contra una persona acusada de un delito sexual. El Tribunal Penal de Iñaquito convocó a los testigos, al fiscal y al abogado. Esta diligencia es parte de la reactivación de las actividades en los tribunales penales, juzgados de primer nivel y tribunales de lo Contencioso Administrativo y Tributario.
La semana pasada, el Consejo de la Judicatura autorizó el retorno de los jueces a sus oficinas bajo estrictas medidas de bioseguridad y de distanciamiento social. Además, determinó el trabajo que deben desarrollar: adelantarán escritos de procesos en trámite; por ejemplo borradores de sentencias, providencias, etc.
Todo esto sin atención al público, sin citaciones y a puerta cerrada. La Judicatura informó que no se podrán convocar audiencias en esta fase. Sin embargo, los jueces sí citaron a las partes. El Tribunal Penal de Iñaquito programó para esta semana cuatro juicios y tres diligencias de acción de protección.
Según los magistrados de Pichincha con los que conversó este Diario, “solo se realizarán las causas que pueden prescribir en junio o cuando está a punto de caducar la prisión preventiva”.
Entre los usuarios de la justicia y los abogados existe confusión sobre las actividades que desde hoy se realizan. Ana Velásquez pasó el fin de semana tratando de descifrar si el juicio por el asesinato de su hijo iba a darse o no. La última notificación que recibió, en febrero pasado, de parte del Tribunal Penal de Quitumbe, informa que el proceso se inicia hoy a las 08:30. Incluso hasta ayer estaba activa la convocatoria de 53 testigos. Así consta en la web de la Función Judicial.
El sábado llamó a un sargento de la Policía, quien investigó el caso, para conocer si iría a la unidad judicial. Este le dijo que no había sido notificado.
Luego llamó a su abogada; ella tampoco sabía. Intentó comunicarse con el fiscal, pero no respondió. “Voy a ir al juzgado. Tal vez no se dé (el juicio), pero quiero que los jueces sepan que quiero justicia. Mi temor es que pase el tiempo y que las personas que mataron a mi hijo salgan libres porque en agosto se cumple el plazo del arresto”.
Los abogados tampoco conocen cuáles son las reglas que rigen la ‘nueva normalidad’ del sistema judicial. El jueves pasado, 48 juristas elaboraron una carta donde expusieron su preocupación de que las audiencias telemáticas puedan afectar a las garantías judiciales en procesos penales. Dijeron, por ejemplo, que a través de las pantallas no se puede saber si las pruebas presentadas son legítimas.
Juan José Morillo, vocal de la Judicatura, indicó que mientras dure la cuarentena será necesario que los magistrados, abogados y usuarios se adapten a este tipo de diligencias telemáticas. Dijo que las únicas convocatorias que se desarrollan durante la cuarentena son para evitar caducidades en arrestos.
El Código Penal (art. 541) determina que una persona no puede estar detenida sin una sentencia más allá de seis meses en delitos leves y un año para casos graves, como homicidios.
Si la prisión caduca, el juez puede ser destituido. Por eso en Pichincha, los magistrados sí realizan este tipo procesos. El martes pasado se desarrolló en Quito el juzgamiento de tres personas por el delito de secuestro extorsivo. Un magistrado los sentenció a 17 años y cuatro meses de cárcel. Este fallo se dio dos días antes de que prescribiera la orden de arresto.
Esta cita se dio pese a que el 16 de marzo la Corte Nacional suspendiera plazos y términos para procesos judiciales. “En consecuencia, ninguna caducidad o prescripción producida durante la emergencia podrá ser imputada a la administración de justicia”, reza en un oficio.
Un juez de primer nivel de Santa Elena aseguró que él y sus compañeros en esa provincia se han amparado en esa resolución para no realizar audiencias de juicio.
Según la Judicatura, por la crisis sanitaria se suspendieron 30 000 audiencias penales que ya estaban convocadas.
Para Victoria, la interrupción de las diligencias es un problema. Contó que su esposo trabajaba como guardia de seguridad en una urbanización del sur de Quito. El 20 de mayo del año pasado, en uno de sus turnos, tres hombres lo mataron con un cuchillo para robar una casa. Los sospechosos fueron detenidos y judicializados por el delito de robo con muerte.
El juicio estaba previsto para el 17 de marzo, pero no se dio porque se inició la cuarentena. El miércoles se cumple un año del caso. Teme que los sospechosos salgan libres si caduca la prisión. “Solo pido justicia para mi esposo”, dijo.
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