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La justicia ordinaria y la indígena actúan sin coordinación

La quema de tres vehículos en Imbabura, a nombre de la Justicia Indígena, desató el debate en torno a su aplicación. Rocío Cachimuel, presidenta de la Federación de Indígenas de Imbabura (FICI), defiende su vigencia, que está garantizada en la Constitución. Mientras que sectores vinculados a la Justicia Ordinaria, consideran que debe haber límites.

En medio del debate el delito de abigeato está considerado uno de los motores de la reacción de los campesinos. De acuerdo a Juan Manuel Hinojosa, presidente de la comunidad de Huaycopungo, unos 200 bovinos, chanchos y gallinas han desaparecido en esa comunidad en lo que va del año. Para el fiscal de Cotacachi, Geovanny Jiménez, el problema tiene relación con las sanciones blandas, como castigo de ocho días a un mes a los infractores que cometen este delito por primera vez.

Cachimuel explica que de acuerdo ala cosmovisión andina no hay castigos sino sanciones. Dentro de este marco, las autoridades comunitarias tienen potestad de sancionar desde chismes hasta los delitos considerados en la Justicia Ordinaria. La diferencia, dice Cachimuel, es que la justicia indígena es reparadora y permite a los contraventores rehabilitarse y reintegrase ala comunidad. Mientras la Justicia Ordinaria se castiga con prisión, que muchas veces no logra la rehabilitación de los infractores. Todos coinciden en que fata coordinación entre los dos espacios jurídicos.

Lea esto en un informe completo mañana en la edición escrita.