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Condena de seis meses de prisión por ‘lesiones’ para agresor de Priscila

Imagen referencial de violencia de género. Foto: Pixabay.

Imagen referencial de violencia de género. Foto: Pixabay.

Imagen referencial. Priscila, víctima de violencia de género, recibe terapia tres veces a la semana. Decidió volver a la universidad para retomar sus estudios y reconstruir su vida. Foto: Pixabay.

Los familiares y la defensa sienten que la justicia está en deuda con Priscila. El viernes 22 de febrero del 2019, la jueza España del Carmen Gonzaga dictó una sentencia de seis meses de prisión para Sebastián C., luego de una audiencia en la Unidad de Vigilancia Comunitaria (UVC) de Carapungo, en el norte de Quito.

La fiscal Ruth Castillo consideró que el hombre incurrió en el delito de lesiones. Priscila (nombre protegido) había denunciado la violencia que sufrió de su expareja el 27 de octubre del 2018, cuando -con tres meses de embarazo– fue arrastrada más de cuatro cuadras, entre la avenida 6 de Diciembre y Catalina Aldaz. Aquella noche, además, fue golpeada y asfixiada en la calle.

El viernes 22 de febrero, los padres de Priscila, amigos y colectivos de defensa a la mujer se concentraron en la entrada principal de la UVC. La madre de Priscila sostenía un cartel blanco y negro: “#JusticiaparaPriscila”.

Es la consigna que ha gritado desde que su hija fue agredida. Cristina Almeida, del colectivo Nina Warmi, instaba a continuar levantando la voz por víctimas de violencia de género como Martha, Diana Carolina, Evelyn, Priscila: “No queremos más una sociedad indiferente, que, por falta de rechazo social, permita que estos actos de violencia sigan en la impunidad”.

El colectivo buscaba que la justicia sancionara lo ocurrido con Priscila como una tentativa de femicidio, que según el Código Penal (COIP) contemplaría una condena de 17 años de cárcel, porque entre Sebastián C. y Priscila existía una relación de pareja.

El colectivo Nina Warmi, liderado por Cristina Almeida, clamó el viernes 22 de febrero del 2019 por más justicia y acción del Estado en casos de violencia de género. Foto: EL COMERCIO.

En la audiencia del viernes 22, cerca del mediodía, Sebastián C. se declaró culpable de ‘lesiones’, un delito que alcanza como pena máxima 20 meses de prisión. La figura penal corresponde al numeral 2 del artículo 152 del COIP: “Si se produce a la víctima un daño, incapacidad o enfermedad de nueve a treinta días, será sancionada con pena privativa de dos meses a un año”. La pena se amplía con el agravante estipulado en el artículo 156 (violencia contra la mujer o miembro del núcleo familiar).

La jueza Gonzaga acogió el procedimiento abreviado solicitado por la defensa legal de Sebastián C. y dictaminó seis meses de prisión, una reparación integral de USD 3 000 y una multa de dos a tres salarios básicos unificados, según lo establece el artículo 70 del COIP.

Aunque fue condenado a seis meses de prisión, Sebastián C. quedará en libertad en dos meses. Lleva cuatro meses privado de la libertad en el Centro de Detención Provisional de El Inca.

Milton Román, abogado de Priscila, rechaza la sentencia a Sebastián C. “En este proceso no se actuó con un enfoque de género, no se tomó en cuenta el círculo de violencia que incluso está respaldado por el peritaje psicológico”, comentó.

En la audiencia, la jueza dispuso la apertura de una investigación por aborto no consentido y violencia psicológica. Los casos fueron planteados por la fiscal Castillo, quien estuvo a cargo del caso, para determinar cuál fue la causa por la cual la joven, de 23 años, perdió al bebé que esperaba (14 de semanas de embarazo), una semana después de la agresión del 27 de octubre.

Jorge Luis Ortega, abogado defensor de Sebastián C. apoyó la decisión de la Fiscalía de aperturar una investigación por aborto no consentido. “Se tiene que sancionar en función a las pruebas que existen. A mí me interesa defender a Sebastián C. Hubo una agresión física y él lo reconoció”.

Román señala que aún no se ha descartado que las lesiones hayan causado el aborto. “El peritaje médico legal indica que existe un 31% de probabilidad de que los golpes sí hayan incidido en esa pérdida”.

La madre de Priscila teme por la seguridad de su hija. “Las leyes son débiles. La Justicia no protege a las víctimas. Mi hija está tratando de reconstruir su vida, de retomar sus sueños. Pero qué difícil es salir del círculo de violencia. Siento miedo de que él vuelva a acercarse, que ella vuelva a estar vulnerable. ¿Qué puedo hacer? Ni siquiera una boleta de auxilio me asegura que no le pase nada”.

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