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19 personas sin culpa y 12 con penas menores en caso Tuárez

El expresidente del Consejo de Participación, Carlos Tuárez, fue detenido en noviembre del 2019. Foto: Archivo / EL COMERCIO

El expresidente del Consejo de Participación, Carlos Tuárez, fue detenido en noviembre del 2019. Foto: Archivo / EL COMERCIO

El expresidente del Consejo de Participación, Carlos Tuárez, fue detenido en noviembre del 2019. Foto: Archivo / EL COMERCIO

La lista es larga. En los archivos judiciales constan los nombres de 36 personas que inicialmente fueron señaladas por ofertar cargos públicos a cambio de dinero. El expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Carlos Tuárez, encabeza ese registro.

Las acusaciones en su contra han hecho que se mantenga recluido en una prisión de Guayaquil desde el 28 de noviembre del 2019.

Hace cuatro días, una Sala Penal ratificó su condena de cinco años de cárcel por el delito de asociación ilícita.

¿Qué sucedió con el resto de implicados? A un año y dos meses de que estallara el caso, este Diario revisó los reportes de la Fiscalía y de la Judicatura y allí se indica que 19 fueron sobreseídos.

Es decir, la Fiscalía no encontró pruebas para inculparlos. Ellos quedaron libres en junio del 2020, cuando se cumplieron siete meses del megaoperativo en el que fueron capturados.

En noviembre de 2019, equipos de unidades especiales realizaron decenas de allanamientos en Guayas, Pichincha, Tungurahua, Cotopaxi, Manabí, Sucumbíos y Los Ríos. El despliegue de agentes culminó con la aprehensión de 32 personas, entre ellas el cura José Carlos Tuárez. Luego se vinculó a cuatro sospechosos más.

Desde entonces, los abogados de los implicados gestionaron la reducción de penas a través de los denominados procesos abreviados o juicios rápidos. Para acceder a estos beneficios todos aceptaron su culpabilidad en el delito y pidieron que la condena se reduzca a un año. Así consta en el proceso judicial.

En los documentos se observa que la estrategia de reducir la pena aceptando su responsabilidad penal empezó un mes después de que se concretaran las detenciones. Cuatro sospechosos fueron los primeros en llegar a un acuerdo con la Fiscalía.

Ellos entregaron datos de cómo funcionaba la red delictiva. A través de sus testimonios, el fiscal César Suárez conoció que pedían hasta USD 500 000 por un cargo jerárquico en entes públicos.

Sus celulares fueron analizados y se obtuvo grabaciones de las ofertas ilegales. Los cuatro cumplieron su pena y se encuentran libres.

En sus condenas consta que deben pagar una multa de cuatro salarios (USD 1 600) y están impedidos, por ejemplo, de ser candidatos para cargos de elección popular. Tampoco pueden contratar con el Estado ni desempeñar cargos públicos.

En total, 12 se acogieron al juicio rápido y recibieron penas menores.

En agosto se acordó el último proceso abreviado dentro de esta causa. Una mujer accedió al beneficio. En su declaración, ella admitió haber participado en el ilícito y fue condenada a un año.

En la sentencia no se establece una reparación integral. Según el escrito, “hasta este momento no ha comparecido víctima alguna”, que haya pagado por un cargo.

Pero en el expediente consta, por ejemplo, la declaración de una persona que entregó medio millón de dólares por un nombramiento en el Ministerio de Salud. Otra dijo que canceló USD 50 000 para trabajar en el Consejo de Participación.

Según Fiscalía, los 12 que se acogieron a juicios rápidos señalaron que los interesados debían pagar en efectivo, hacer transferencias, firmar letras o entregar joyas.

La defensa de Tuárez rechazó estas acusaciones y se mantiene en que él es inocente. Señaló que no tuvo relación con el resto de implicados y que su enjuiciamiento responde a una persecución política. Presentará más recursos ante la condena interpuesta.

La Fiscalía aún indaga más hechos. Actualmente, está pendiente el enjuiciamiento de cuatro personas que se encuentran señaladas.

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